La tensión en la zona wixárika volvió a estallar el martes pasado con la medida extrema de retener a funcionarios federales, estatales y municipales en San Sebastián Teponahuaxtlán, en Bolaños.Sin llaves de sus camionetas oficiales con las que llegaron hasta esa región, que les fueron solicitadas por las autoridades comunales, y sentados en una especie de juicio ante el Consejo de esa comunidad indígena, los funcionarios públicos debieron escuchar, ante un sol inclemente, por más de seis horas sus reclamos.Con la promesa de que hoy el gobernador Aristóteles Sandoval acompañaría a los gobernadores tradicionales, a los presidentes de bienes comunales y a sus abogados a la Secretaría de Gobernación, los funcionarios retenidos finalmente pudieron abandonar la zona a bordo de patrullas de la Fuerza Única.A ese nivel ha escalado la inconformidad de esta comunidad huichola por el reclamo ignorado, por décadas, de restituirles sus tierras que les fueron despojadas y que ya fue ordenado por la justicia agraria, pero que siguen en manos de terratenientes y ganaderos nayaritas.En la reunión de hoy en Gobernación serán claves las gestiones que se logren para que la Secretaría de Hacienda libere los recursos para pagar las indemnizaciones a los posesionarios de las tierras que pertenecen a la comunidad wixárika, y se pueda reiniciar la restitución de miles de hectáreas que son el origen del conflicto.Otro tema que tendrá que ponerse en la mesa es la pretensión del Gobierno nayarita de anexarse 12 localidades indígenas en el municipio de Mezquitic, tema por el que sesionaron a inicios de mayo en San Andrés Cohamiata las diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas, y que provocó ya la presentación de una Controversia Constitucional por parte del Gobierno estatal.Eso será indispensable para salvar no sólo el proceso electoral en esta comunidad indígena, sino el ciclo escolar y los servicios de salud.Como se sabe, en San Sebastián Teponahuaxtlán decidieron instalar cuatro retenes para hacer una huelga electoral, que consiste en cerrar sus caminos para impedir el paso a la autoridad electoral y, desde luego, a todos los candidatos, incluida la candidata del PRI, Lucy Aguilar, quien es miembro de esa comunidad. Niegan también el paso a maestros y médicos.Esta no es la primera vez, ni incluso la más grave, que crece la tensión en esta zona del Estado. Habrá que recordar cómo hace poco más de un año el coraje y el temor que detonaron los asesinatos de sus líderes sociales, Miguel Vázquez Torres, último ex presidente de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, y de su hermano Agustín, provocaron que la autoridad tradicional advirtiera por escrito a la Fiscalía General del Estado que esos homicidios habían sido cometidos por sicarios del narco contratados por ganaderos nayaritas radicales. En su enojo advirtieron que conformarían grupos de autodefensas, e incluso la posibilidad de un movimiento armado. Es la irritación wixárika.jbarrera4r@gmail.com
