La guerra informal que padece la sociedad mexicana, producto de la violencia organizada provocada por la búsqueda de jugosas ganancias provenientes de los grandes negocios del capitalismo informal de las organizaciones criminales y que funciona gracias a la complicidad del poder político, deja a su paso cientos de miles de víctimas producto de los asesinatos, las desapariciones y la práctica de deshacerse de los cuerpos en fosas clandestinas. Con el paso de los años hemos aprendido, lamentablemente, que esta espiral de violencia ha producido una crisis forense de grandes magnitudes por la incapacidad del Estado para identificar los cuerpos que llegan a los servicios médicos forenses del país. Esta crisis se había hecho visible de manera generalizada con el episodio de cientos de cadáveres paseados en tráileres de refrigeración por la zona metropolitana de Guadalajara en septiembre de 2018, todavía bajo el gobierno del priista Aristóteles Sandoval Díaz. Después de que ese escandaloso trato indigno de los cuerpos se convirtiera en noticia mundial, el gobierno ofreció remediar esta crisis invirtiendo los recursos y el trabajo necesario para que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) remediara esta situación.Pero menos de tres años después de ese episodio, la crisis forense se ha agravado en el Jalisco, como han documentado colegas como Sonia Serrano en el diario NTR o Enrique Osorio en el diario Mural. Un informe del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) precisa la gravedad de esta crisis forense. De acuerdo al reporte “¿Quiénes son? La Crisis de Identificación de Personas en Jalisco”, desde 2006 hasta el 31 de diciembre de 2020 hay seis mil 249 personas fallecidas sin identificar registradas en las ocho delegaciones del IJCF (el informe se puede consultar aquí: https://bit.ly/3u4iFwE). El simple contraste de esta cifra con la del número de personas desaparecidas, 12 mil 824 hasta el día de ayer, da cuenta de la magnitud de esta crisis y de la responsabilidad del gobierno en turno que debido a esta negligencia administra más dolor a las familias que buscan a sus desaparecidos.Por sentido común se puede concluir que si los servicios forenses del estado terminaran el trabajo de identificar los seis mil 249 cuerpos bajo su resguardo, sin lugar a dudas muchas de las 12 mil 824 familias que buscan a sus desaparecidos encontrarían a quienes buscan. Desde el gobierno del estado y quienes manejan esta labor forense podrían alegar que las altas cifras de asesinatos, desapariciones y restos humanos dejados en las fosas clandestinas han multiplicado su labor.Pero este contexto de aumento de víctimas de la guerra informal en Jalisco ya se conocía desde septiembre de 2018 cuando se prometió poner fin a esta crisis forense. El rezago en identificación de cuerpos en el IJCF creció 40 por ciento en los dos primeros años del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, de acuerdo al reporte de Cepad.Y más allá de las bajas producidas por los episodios de violencia en Jalisco, hay fallas atribuidas directamente a las instituciones estatales. En el informe citado de Cepad se identifica como una falla estructural “la falta de coordinación entre el Ministerio Público y los servicios forenses, pues estos últimos dependen del mando y conducción de la investigación ministerial”.Con este rezago en la identificación de cuerpos en el IJCF, el gobierno del estado revictimiza a las familias que tienen personas desaparecidas, pues prolonga su dolor y agonía por mucho más tiempo de cuando ocurre un homicidio o una desaparición. Esta crisis forense es uno de los agravios más dolorosos y despreciables que el gobierno del estado hace a las familias que buscan a sus desaparecidos. El gobierno debe dar un trato digno a los cuerpos bajo su resguardo, y un trato digno y empático a las familias que esperan saber si uno de los suyos está en las morgues del estado. rubenmartinmartin@gmail.com
