Evitar que el Inai se paralice es una prioridad política. Por una resolución judicial o mediante el nombramiento de cuando menos un comisionado por parte del Senado de la República, puede resolverse un diferendo político atentatorio del ejercicio de un derecho esencial para la democracia.La lucha en favor del derecho a la información ha sido parte de la transición a la democracia mexicana. El primer paso se dio en 1977 desde la Secretaría de Gobernación, encabezada entonces por Don Jesús Reyes Heroles, con los proyectos legislativos para consagrar en la Constitución Mexicana el derecho a la información. El tema era, y es, especialmente sensible para quienes detentan el poder porque significa la palanca efectiva hacia la rendición de cuentas y la disputa por el control de la agenda de la comunicación social. Por eso, el derecho a saber representa pérdida de control, y tuvieron que pasar décadas antes de que, en el contexto de la alternancia partidista, con la enorme efervescencia política, se planteara dar un paso definitivo. Pero en este caso, la iniciativa no vendría del despacho de la calle de Bucareli, sino de un grupo de ciudadanos y activistas vinculados a los medios de comunicación y las universidades reunidos en Oaxaca en 2001, que plantearon una propuesta de cambio legislativo para consagrar el derecho de acceso a la información pública. Al término de ese encuentro, se difundió un manifiesto que contenía un decálogo de acciones suscrito por un grupo al que la periodista del New York Times Ginger Thompson calificó como Grupo Oaxaca. El grupo, integrado por académicos, directivos de medios de comunicación y activistas encabezados por don Luis Javier Solana Morales, dio una batalla singular frente al Gobierno de Vicente Fox, reacio a reconocer el derecho y ante un Congreso de la Unión en donde la oposición tácticamente apoyó la propuesta. Los más progresistas entendían la importancia del tema y lo respaldaron, aunque la mayoría desconocía sus alcances. Apoyaron entonces Martí Batres, Beatriz Paredes, Amalia García, Miguel Barbosa y Dulce María Sauri, quienes jugaron un papel a favor de que encargar al grupo Oaxaca la elaboración de un proyecto que sirvió de base a la aprobación legislativa de la reforma a la Constitución. Fue un ejercicio inédito en donde la sociedad civil se colocó a la cabeza de la lucha por un derecho esencial para la vida democrática. Así nació la ley que dio pie al nacimiento del Instituto Federal de Acceso a la Información, antecedente del actual Inai.Las resistencias han sido grandes para reconocer que la información en manos de quienes administran las cosas públicas pertenece a los ciudadanos. El derecho a la información es un derecho humano, componente clave del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Consiste en el derecho de una persona de buscar y recibir información en poder de órganos, entes y empresas públicas. El derecho al acceso a información es un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática y un ejercicio vital para la rendición de cuentas de las autoridades.Ahora el Inai está paralizado por la falta de designación de dos de sus Consejeros, lo que representa un hecho políticamente negativo para la democracia y jurídicamente inaceptable en términos del funcionamiento del sistema constitucional.Los senadores tienen la responsabilidad política de actuar a pesar de la lamentable actuación del Secretario de Gobernación y pasar a regularizar el mecanismo legal del acceso a un derecho constitucional. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido llamada a pronunciarse en una controversia constitucional que puede destrabar el entuerto.Las disputas políticas partidistas deben respetar el marco del ejercicio de los derechos fundamentales, como parte de las reglas esenciales de la democracia. Es hora de un llamado a la cordura porque no se trata de un asunto menor, sino del respeto al derecho a saber y de la palanca de equilibrio que significa evitar el manejo patrimonialista de la información pública que caracteriza a los regímenes autoritarios.Llamar a la acción política en favor de la democracia mexicana es más que oportuno, necesario. Urge que los senadores, los funcionarios y los jueces resuelvan de forma constructiva la cuestión, poniendo el interés superior de la nación por encima de las coyunturas políticas.luisernestosalomon@gmail.com
