Muy poco hemos avanzado en materia de fiscalización de los recursos públicos que inhiba la corrupción y la impunidad desde que, en el 2018, consideramos liberada la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) de la trama de intereses de la clase política y gubernamental que la tuvo secuestrada por casi una década.Hace dos años, y luego de mucho tiempo de lucha desde las organizaciones de la sociedad civil, se logró que a la ASEJ la dirigiera quien resultara el mejor perfil en experiencia, capacidad y reputación, tras una convocatoria abierta y sancionada por el también recién creado Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), y no por los designios de los gobernantes y poderes fácticos en turno.Con esa alta expectativa llegó Jorge Ortíz, el actual auditor que si bien no ha tenido señalamientos de corrupción y abusos como su antecesor Alonso Godoy Pelayo, su papel ha sido más que discreto, al igual que el resto de las y los titulares de las dependencias que integran el SEA, como la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría, el Tribunal Administrativo, el Poder Judicial y el Instituto de Transparencia. El titular de la ASEJ ha dado poco de que hablar por su excesiva prudencia que raya en la parálisis. No accedió a pedir ninguna auditoría especial por el multimillonario programa A Toda Máquina que está bajo investigación del SEA, ni hizo extrañamiento alguno cuando más recientemente en el Congreso ignoraron los cargos que hizo a más de una veintena de cuentas públicas municipales y otras dependencias.Le urge, pues, al auditor una demostración de músculo que señale que hay cambios en la ASEJ y que no llegó ahí para que todo siga igual. La oportunidad para dar ese golpe de timón, indispensable para recuperar credibilidad y fuerza que todo fiscalizador de respeto debe tener, la tiene ahora que el CPS ha reclamado formar parte del Comité de Seguimiento y Evaluación que vigilará el uso del crédito de seis mil 200 millones de pesos que el Congreso, en votación dividida, le autorizó al gobierno de Enrique Alfaro, y que la mayoría de diputados supeditados al Ejecutivo ha rechazado la iniciativa de auditar en tiempo real los gastos por la pandemia del COVID-19.La ASEJ pudiera ser la punta de lanza del SEA para convertir a este nuevo endeudamiento en el más vigilado de la historia apelando a lo que dicta la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera.El Artículo 13 de la primera Ley referida establece, por ejemplo, que derivado de denuncias presentadas, el auditor puede emitir un “dictamen de procedencia” y ejercer las atribuciones que contiene la segunda, por ejemplo en el Artículo 18, que faculta a la ASEJ a “solicitar a los entes públicos que hayan obtenido algún financiamiento (…) información” de la autorización legislativa y del proceso de su contratación que garantice las mejores condiciones del mercado, entre otros aspectos.Habrá que ver, pues, si la ASEJ esta vez sí muestra reflejos o hace nuevamente como que no la vio venir. jbarrera4r@gmail.com
