Finalmente el peso de las evidencias obligó al gobernador Enrique Alfaro Ramírez a reconocer que existe una situación delicada en materia de inseguridad en el norte de Jalisco, especialmente en la zona que colinda con los estados de Zacatecas, Durango y Nayarit. Una zona en la que convergen estos cuatro estados, por lo que las soberanías y atribuciones de servicios, entre ellos seguridad, se deja de prestar por omisión. El tema de los retenes del crimen saltó a los titulares de los medios por las denuncias que hicieron dos líderes religiosos. Primero el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, informó el pasado 25 de junio que mientras realizaba una gira y un recorrido entre el Huejuquilla (Jalisco) y Tenzompa (Zacatecas), en comunidades pertenecientes a su diócesis, “fue interceptado por un grupo de civiles fuertemente armados, quienes controlaban el paso de los automovilistas por las carreteras de la región”. Un día después, el arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega dio a conocer que él fue retenido en dos ocasiones en comunidades de los municipios de Totatiche y Villa Guerrero. En su rueda de prensa dominical, Robles Ortega dijo el 26 de junio que “obviamente” son retenes que instala “el crimen organizado”, en los cuales los hombres armados exigen a las personas decir de dónde viene, a dónde va, a qué se dedica, lo que ya se ha convertido en algo de “lo más normal y natural”, ya que no es la primera vez que le ha pasado (La Jornada, 26 de junio 2022).El tema de los retenes y la presencia del crimen organizado escaló a un debate nacional cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro negara la existencia de los estos puntos de vigilancia. “En el estado de Jalisco no hay ningún tipo de reten de grupos criminales en las carreteras, en este estado está garantizada la libertad de tránsito. En la Mesa de Seguridad se volvió a hacer una consulta con todas las instancias de seguridad, federales, estatales y municipales y no hay un solo punto en el que haya algún tipo de reten”, declaró airado el mandatario estatal y recriminó al arzobispo tapatío de hacer “declaraciones mediáticas” en lugar de poner una denuncia ante las instancias correspondientes.Pero de nada sirve, porque esta situación de inseguridad viene de largo tiempo y hace años que habitantes de esos municipios, especialmente de las comunidades wirrárikas han denunciado la presencia del crimen organizado en su región. En realidad la presencia de células armadas de las empresas del capitalismo ilegal tienen muchos años operando en la zona. Tradicionalmente el Cartel de Sinaloa controlaba ese estado, hasta Durango, Zacatecas y el norte de Jalisco. Un activista que ha pasado varios años de estancia en las comunidades wixárikas recordaba como desde 2008 y 2009 la violencia se intensificó con el intento del Cártel de los Zetas de arrebatar ese territorio al de Sinaloa. Ahora con la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que pretende arrebatar territorio al de Sinaloa, la guerra por la disputa territorial se ha vuelto a intensificar peligrosamente para miles de habitantes del norte de Jalisco, especialmente de las comunidades wixárikas.Jade Ramírez, colega periodista, escribió un reportaje en el recoge testimonios anónimos de habitantes de la zona que declaran que “las balaceras y los retenes vueltos tendencia en las redes no tienen pocos días, sino por lo menos, un año” (Perimetral, 5 julio 2022: https://bit.ly/3uBUt7T). En este testimonio se señala con claridad lo que ocurre en esta guerra informal en la zona norte del estado: una violenta guerra por el control territorial para poder sembrar amapola y mariguana. “Lo que están peleando es el terreno para poder sembrar, y el Cartel de Jalisco quiere ampliar su territorio todo Zacatecas, por eso también se están peleando entre los dos carteles”.En otra crónica de esta guerra informal que recorre la sierra wixárika, colegas del diario Mural recogieron otro testimonio (anónimo por seguridad) donde revela otro aspecto muy preocupante de esta guerra: el reclutamiento forzoso de los jóvenes para obligarlos a trabajar para los cárteles. “No vamos a negar que existe el crimen organizado y está afectando a la comunidad wixárika, eso no se puede negar y es urgente que se resuelva, nos gustaría vivir con tranquilidad, viajar con seguridad, eso es lo que nosotros anhelamos”, aseguró. “Ellos (los cárteles) también están buscando a los jóvenes para reclutarlos” (Mural, 8 julio 2020). La situación es muy delicado, pues otros testimonios anónimos de personas que conocen esta sierra han presenciado la existencia de “retenes mixtos”, en el que participan policías municipales en conjunto con hombres armados del cartel predominante de la zona, el CJNG. Esto hace más complejo la violencia organizada que padecen los habitantes del norte del estado porque ante esto no tienen a quién acudir. No creo que la revisión de la estrategia de seguridad que anunció el gobernador Enrique Alfaro alcance para limpiar de la infiltración del crimen organizado que atraviesa a todas las fuerzas de seguridad. La guerra informal tiene tiempo y va para largo. Debemos ser solidarios con las comunidades que están padeciendo esta violencia funcional a los grandes negocios del capitalismo ilegal. rubenmartinmartin@gmail.com
