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La disyuntiva Izaguirre
La disyuntiva Izaguirre
La pregunta sigue siendo la misma: a más de dos semanas que la Fiscalía General de la República (FGR), luego de muchos sobresaltos y contradicciones, atrajo el caso del Rancho Izaguirre, que se convirtió en una auténtica papa caliente tanto para la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum como para el gobernador Pablo Lemus: ¿cuántas víctimas tuvieron que ser privadas de su libertad y de la vida para considerar a esta finca de la comunidad de La Estanzuela, en Teuchitlán, como un campo de exterminio, y cuántas para considerarlo sólo un centro de reclutamiento criminal?
En esa riesgosa disyuntiva están tanto las autoridades estatales y federales, que han dado a cuentagotas los resultados de sus investigaciones sobre el caso; y los colectivos de madres buscadoras, especialmente el de los Guerreros Buscadores de Jalisco, que, a principios de marzo, aseguraron encontrar ahí miles de indicios, entre mochilas, ropa y calzado.
Lo que pudo ser un avance esta semana para conciliar posiciones y avanzar juntos, autoridades y víctimas, en busca de la verdad de lo ocurrido, se tornó en jornadas de desencuentro y despertó de nuevo las desconfianzas que se habían manifestado ya luego de la malograda visita al Rancho Izaguirre a la que convocó primero la FGR (aunque su titular Alejandro Gertz Manero lo niegue) y horas después la Fiscalía Estatal.
El positivo encuentro del pasado lunes del colectivo de los Guerreros Unidos con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el que la enviada presidencial buscó convencer a los familiares de los desaparecidos de que darán prioridad a la búsqueda de sus seres queridos y al combate de este delito, se pulverizó al día siguiente, en que tanto Gertz Manero como Lemus pusieron en entredicho que se hayan cremado restos humanos en el rancho de Teuchitlán.
Como en su reunión con la secretaria de Gobernación, su principal queja fue el maltrato y la indiferencia con la que los tratan muchos funcionarios cuando van a interponer una denuncia de desaparición, a buscar apoyos para la búsqueda o a reclamar los restos de sus seres queridos a los centros forenses integrantes de los Guerreros Buscadores; la primera remoción que pidieron, como les prometió Rosa Icela que haría con quien los tratara con ese desdén, fue la del fiscal de la República.
Así, mientras desde el Gobierno federal, en clara sintonía con el Gobierno de Jalisco, insisten en alimentar la narrativa del no exterminio sin presentar aún pruebas contundentes que respalden esa conclusión, este y otros colectivos de madres buscadoras, así como organizaciones defensoras de derechos humanos, reprochan a las autoridades que desestimen sus versiones y hallazgos para que el Rancho Izaguirre quede “sólo” como un centro de adiestramiento criminal, como aseguró la Fiscalía del gobierno de Enrique Alfaro en septiembre pasado, pese a todas las omisiones en que, según la FGR, incurrió, y no en un campo de exterminio con crematorios artesanales, que ellos aseguran haber encontrado.
La opción que elijan en esta disyuntiva determinará si las autoridades federales y estatales, cumplen sus respectivas promesas de que no habrá en este caso “verdades históricas” ni que “nadie se lavará las manos”. Veremos.
jbarrera4r@gmail.com
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