A los gobiernos de Jalisco les encanta presumir que el Estado es una potencia agroindustrial y que esa actividad contribuye a que la Entidad sea, supuestamente, la “locomotora económica de México”. Esta vocación agroindustrial no es obra de un gobernador ni de un partido en particular. La clase gobernante y empresarial mexicana diseñó hace unos 40 años que el territorio de Jalisco se convirtiera en un nodo de explotación de la mano de obra con salarios baratos, una plataforma para la producción y exportación de la industria electrónica y un enclave de agroindustria con énfasis en la producción de monocultivos para la exportación, con productos como caña de azúcar, berries, y más recientemente el aguacate y el agave a través del tequila. La orientación hacia la agroindustria de Jalisco se ha convertido en una medalla de triunfo y orgullo para gobiernos estatales a lo largo de este siglo XXI, sean del PAN, PRI o Movimiento Ciudadano. Todos presumen que Jalisco es el “gigante agroalimentario de México” y lo resaltan como un gran logro. Pero, ¿verdaderamente lo es? No, si sumamos los altos costos por externalidades ambientales y sociales que deja la actividad de la agroindustria en Jalisco. La agroindustria genera cerca de 117 mil empleos y tiene un valor de producción superior a los 228 mil millones de pesos. Sin embargo, en el valor de producción no se toman en cuenta las externalidades sociales y medioambientales que va dejando a su paso el crecimiento agroindustrial. Uno de los daños más visibles es el avance de la deforestación o el cambio de uso de suelo de agricultura tradicional para la producción de alimentos de consumo local a plantaciones agroindustriales con cultivos orientados a la exportación. Las extensas naves con techos de plástico que han ido proliferando por diversas regiones del campo jalisciense, como en la ribera del lago de Chapala o hacia el sur, en el Llano en llamas. Recientemente una organización internacional llamó la atención sobre los efectos perniciosos del aumento de producción de aguacate. Climate Rights International (CRI) presentó en noviembre pasado el estudio “El saldo insostenible de la expansión aguacatera”. En esta investigación, CRI documentó que la agroindustria aguacatera arrasó con al menos 19,121 hectáreas de bosques entre 2017 y 2022 en Jalisco. Ante ello, director ejecutivo de Climate Rights International, Brad Adams, señaló: “Cualquier aguacate que proceda de México puede haber sido cultivado en terrenos deforestados ilegalmente, usando agua robada, en una región donde se registran hechos de violencia e intimidación contra defensores ambientales” (el documento se puede leer aquí: https://cutt.ly/mwGTbvAC). Lo mismo podría decirse de la producción de agave que se ha ido extendiendo sin debidos controles por diversas regiones del Estado. En tanto, la producción de berries genera otros conflictos socioambientales, como en la sierra de Quila, donde los pobladores han denunciado el acaparamiento del agua o la contaminación de sus arroyos y ríos de los que se servían. Los diseñadores del reordenamiento de la población, la economía y el territorio de hace 40 años se dedicaron a impulsar políticas orientadas hacia la exportación y el libre mercado, pero jamás consideraron las externalidades sociales y ambientales que este reordenamiento está dejando actualmente para la población del Estado. Las políticas radicales de libre comercio impulsadas por la clase gobernante, y presionadas desde los mandos del poder mundial, en el marco de la acumulación por despojo, están teniendo consecuencias devastadoras para el mundo rural mexicano. Estas políticas se han convertido en un nuevo periodo de cercamientos de tierras y bienes comunes, semejantes a los procesos de acumulación originaria de capital, con el propósito de impedir que millones de campesinos en México reproduzcan su vida mediante la milenaria agricultura tradicional, empujándolos y obligándolos a ceder sus tierras, a dejar de ser campesinos que deciden autónomamente sus tiempos y siembra de alimentos, para convertirse en jornaleros asalariados dependientes de corporaciones privadas que dejan la siembra tradicional y diversificada a favor del monocultivo orientado a la exportación al mercado mundial. Todo lo está cambiando el libre comercio.
