El proceso de demolición institucional que ha llevado adelante el Gobierno de López Obrador ha sido sistemático y consistente a lo largo de toda esta administración.En días recientes se anunciaron otras medidas que apuntan en esa dirección.Se confirmó la eliminación de la Financiera Nacional de Desarrollo (FND).También se confirmó la liquidación de Notimex, la agencia de noticias del Estado Mexicano.Adicionalmente se anunció que no habría nombramientos de los comisionados faltantes en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI).Estas medidas de los últimos días simplemente se suman a muchas otras.Se pretendió un desmantelamiento de grandes proporciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que se detuvo sólo por la intervención de la Corte.Si se hace un recorrido amplio por los órganos del Estado se pueden encontrar muchos otros casos… o al menos el intento de realizarlos.Por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte, falló la pretensión de colocar a una ministra incondicional al frente de la institución y con ello se impidió por ahora una gestión que apuntaría al debilitamiento del Poder Judicial.En el sector energía no se corrió con la misma suerte, pues los organismos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía o el Centro Nacional de Despacho Eléctrico han sido o subordinados o debilitados.Por muchos meses la Comisión Federal de Competencia Económica también sufrió de omisiones en los nombramientos de su Junta de Gobierno.No puede dejar de mencionarse la eliminación del Seguro Popular, que afectó severamente a una amplia capa de la población que se quedó sin servicio médico.Igualmente, en ámbito educativo se eliminó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y se erosionó gravemente la capacidad de promoción de innovaciones del Conacyt.Se canceló el Consejo Nacional de Promoción Turística y Proméxico, dos instancias que hubieran sido cruciales para la promociones de las inversiones en el país en esta coyuntura.No le sigo, pues la lista sería prácticamente interminable.El argumento que muchos partidarios del régimen plantean es que con todo este conjunto de cambios, se han logrado liberar recursos para poder asignarlos a los programas sociales así como a la inversión del Gobierno federal.Cuando se miran esos números, resulta que las cosas no son tan claras.El porcentaje del gasto total que se destinó al desarrollo social representó el 60.5 por ciento del gasto programable del sector público el año pasado.En el último año del Gobierno de Peña, ese porcentaje ya era de 59.7 por ciento. Es decir, la diferencia son apenas ocho décimas.Habrá que esperar próximamente los resultados del Inegi y Coneval para poder apreciar el impacto en materia de pobreza que ha tenido la política de este Gobierno, pero me temo que van a ser pobres.A la hora de ponderar los costos y beneficios, creo que el impacto de la destrucción institucional será enorme y con repercusiones negativas para el largo plazo para el país.Esperemos que no transcurra demasiado tiempo para empezar la reconstrucción. Redes sociales: @E_Q_Internet: enriquequintana.comEnrique Quintana
