En una acción sin precedentes, México presentó el miércoles pasado una demanda contra varios fabricantes de armas, entre los que se encuentran las compañías Smith & Wesson, Barrett Firearms, Colt’s Manufacturing Company, Glock Inc, Sturm, Ruger & Co en un tribunal federal de Estados Unidos, acusándolos de prácticas comerciales imprudentes por suministrar armas ilegales a los cárteles de la droga, lo que provocó miles de muertes.Esta acción legal representa una de las medidas políticas más audaces que ha ejercido México en su relación con Estados Unidos, dado que más allá del propósito de reparación de los daños que podrían estimarse en más de diez mil millones de dólares, el sólo hecho de que un país abra un proceso judicial tiene un significado en los ámbitos ético como político y abre un espacio de gran importancia para la defensa de los intereses de México en los Estados Unidos.Está dirigida específicamente contra las empresas privadas bajo el argumento que sus políticas comerciales han propiciado un tráfico ilegal de armas calculado en más de 2.5 millones de armas introducidas a México ilegalmente en la última década, muchas de las cuales han provocado la muerte de miles de personas.Efectivamente hay profundas razones para pensar que la poderosa industria armamentista demandada sabía del daño que se produce con el modelo de comercialización creciente de rifles, metralletas y otros implementos en ambos lados de la frontera. Estas razones han sido expuestas, no sólo por parte de los mexicanos, sino que dentro de los Estados Unidos se produce ahora mismo un debate respecto a la necesidad de regular la venta de armas, una posición que cuenta con el respaldo de muchos grupos demócratas. La razón moral que significa defender la vida de miles de personas es muy poderosa en términos de comunicación dentro y fuera de las fronteras, como también lo es la razón política de hacer sentir la voz de México en una de los ámbitos definitorios de las decisiones públicas de nuestros vecinos, los tribunales.Aunque, la razón moral y la razón política están evidentemente del lado mexicano, la razón legal es la que será discutida en los tribunales, conforme a las leyes estadounidenses que protegen a sus empresas vinculadas con la producción de armas. Está vigente allá la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas que contiene mecanismos que eliminan la responsabilidad civil de las empresas una vez vendidas las armas, por lo que el proceso judicial tiene perspectivas de convertirse en una disputa intensa, que podría escalar de nivel. Pero el valor de la demanda es también simbólico; representa una declaración de principios y una decisión de actuar usando las herramientas de la ley. La interposición de la demanda es ya un triunfo legal que agrega valor a la agenda diplomática mexicana.La trascendencia del tema ha quedado de manifiesto por la respuesta inmediata de la National Shooting Sports Foundation Inc (NSSF) rechazando los reclamos de negligencia de sus agremiados. La existencia del proceso da pie para la acción social y política de los grupos que coinciden en esa perspectiva y respeta un gran paso en el propósito de detener el torrente de armas y municiones que llega a México por sus fronteras, nutriendo a las organizaciones criminales que mantienen asoladas muchas regiones de nuestro país.Los hechos indican que dada la proliferación de armas, estos grupos han alcanzado niveles alarmantes de competencia paramilitar que les convierten en factores de riesgo para la seguridad nacional en ambos lados de la frontera. Con esta perspectiva, resulta necesario eliminar la fuente de aprovisionamiento de la capacidad de fuego para combatirlos eficazmente.La demanda es una acción en la línea de hacer más por México en los Estados Unidos y sienta un precedente valioso en el complejo tejido de la interdependencia social y económica que mantenemos.luisernestosalomon@gmail.com
