Si algo definió el año 2019 en Jalisco fue la crisis de los desaparecidos. Cerramos el año como el estado con más casos reportados de desaparecidos, 2 mil cien personas, la mayoría hombres jóvenes. La cifra es espeluznante. Prácticamente tres de cada mil jóvenes jaliscienses de entre 15 y 30 años desapareció un día de la faz de la tierra. El problema dejó de ser un asunto “entre ellos” o de “los que quién sabe en que andaban metidos”, como solían descalificar irresponsablemente las autoridades cuando se hablaba de ello, para convertirse en un problema social, prácticamente en una epidemia.Si algo hizo bien el entonces recién llegado gobierno de Alfaro fue tomarse en serio este fenómeno, comprometer recursos y darle seguimiento. Por primera vez hay más personas localizadas que desaparecidas, pues se lograron encontrar con vida o identificar los cadáveres de 2 mil 318 personas. Esto tiene que ver con cambios en los protocolos de búsqueda, con voluntad política de quienes están al frente de las instituciones, pero sobre todo con una presión social que ha obligado a los gobiernos estatal y federal a poner cara al tema.Las explicaciones sobre el aumento repentino de desaparecidos en el estado pueden variar, si se trata de un nuevo modus operandi de la delincuencia, si tiene que ver con una lucha entre miembros del mismo cártel Nueva Generación por el control de la zona metropolitana de Guadalajara, que si se matan entre ellos como afirma el gobernador, lo cierto es que durante el año pasado se encontraron 75 fosas clandestinas con 213 cuerpos desmembrados y solo fueron consignados por ello 15 personas. Es decir, la justicia va, por decirlo suavemente, detrás y muy lejos del fenómeno de las desapariciones. Se logró encontrar a más personas, identificar a más cuerpos, pero no se investiga ni se castiga a los responsables de esas desapariciones y muertes.El que sean Tamaulipas y Jalisco los estados con más desparecidos apunta claramente a que se trata de un fenómeno vinculado a grupos del crimen organizado sumamente violentos, los Zetas y el CJNG, pero no podemos esperar a que sean ellos mismos quienes decidan cuándo y por qué dejan de usar estos métodos. Aliviar la crisis de desapariciones forzadas requiere reconocer puntualmente lo específico de las desapariciones en cada lugar y por supuesto recuperar el control de los territorios hoy en manos de crimen. Lo primero requiere investigación seria, con metodologías apropiadas y personas expertas. Lo segundo una articulación de los tres niveles de gobierno, federación, estado y municipios, que hoy se ven más distantes que nunca.(diego.petersen@informador.com.mx)
