El volumen de las acusaciones en la elección por la gubernatura de Jalisco llegó a uno de sus máximos niveles: diputadas y candidatas del Partido Movimiento Ciudadano (MC) acudieron a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y presentaron una denuncia contra la candidata Claudia Delgadillo González por enriquecimiento ilícito.La voz cantante en la presentación de la denuncia fue de la candidata a diputada federal y actual legisladora local, Claudia Salas. Aseguró que cuentan con pruebas de que inexplicablemente, la candidata a gobernadora ha adquirido bienes inmuebles hasta por 68 millones de pesos.En poco tiempo, el equipo de Delgadillo González respondió a la denuncia y aseguró públicamente que se trata de una acusación infundada del candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro. Y avisaron: está en revisión la posibilidad de que a su vez, presenten denuncia por difamación y falsificación de información contra el mismo Pablo Lemus y las 12 candidatas y funcionarias emecistas.¿Estamos ante lo que se denomina “guerra sucia” en una campaña electoral?La primera vez que se hizo mención de la finca que se atribuye a la propiedad de Claudia Delgadillo fue en el debate oficial organizado por la autoridad electoral, el pasado sábado 13 de abril en Ciudad Guzmán. El candidato naranja exhibió una fotografía en gran formato en la que presentó la imagen de una finca que, dijo, era “la casota” de su contrincante y anunció que tenía un valor de 60 millones de pesos.Ya que el concepto “guerra sucia” no está definido por la Ciencia Política sino que depende de interpretaciones, habría que subrayar que el candidato mismo fue quien presentó el señalamiento. Es decir, no requirió de terceros para publicarlo.La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción ya es otra cosa. Que sólo hayan sido mujeres con cargo público o en funciones de candidatas quienes acudieran ante la autoridad, le permitió al candidato a gobernador salvar la acusación de violencia política de género. Al menos en una eventual denuncia, ya no podrán achacárselo.Y es importante también considerar otras consecuencias, como por ejemplo: ¿Cuánto tiempo tardará la Fiscalía Anticorrupción, primero, en resolver si hay o no, materia legal para integrar el caso, y después reunir pruebas y solicitar que se ejerza un castigo? Será mucho, mucho después de que hayan pasado las elecciones por la gubernatura de Jalisco.La misma historia se contará si es que los asesores legales de Claudia Delgadillo recomiendan y presentan sus propias denuncias contra los rivales de Movimiento Ciudadano.En síntesis, “si no mancha, tizna”.A los votantes les importa, claro que sí, saber si sus candidatos se han enriquecido y cómo lo han hecho. La desconfianza es uno de los elementos sobre los que se funda nuestro complicado marco legal electoral.Después de las afirmaciones que se han lanzado públicamente, importa no sólo saber, sino también poder confiar, que “la casota” no es del tamaño que se presumió; quién es el propietario (o propietaria), cuál es su valor real y cómo fue que se adquirió. Además, está el tema de la declaración patrimonial.Los dos bandos han lanzado respuestas a estos cuestionamientos.Razonablemente, se puede presumir que las autoridades no resolverán las denuncias presentadas con rapidez suficiente, antes de que acabe el proceso electoral.La casa de los 60 millones se convierte, desde ahora, en un elemento que influye en el resultado electoral, pero sin que haya certeza de cuál será el tamaño de su impacto final.jonasn80@gmail.com / @JonasJAL
