María Esther de Alba Cerna es la jubilada con la pensión más baja en el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal): recibe 707 pesos mensuales. En cambio, el ex magistrado Eleuterio Valencia Carranza, el pensionado más caro de Jalisco, cobra 207 mil pesos al mes.Pero eso no es todo.El ex juzgador cobró 272 mil pesos en diciembre de 2020 por «gratificación anual» mientras que María Esther 11 mil pesos.La desigualdad en este país es invisible porque está en todos lados. Y los sistemas de pensiones estatales como Jalisco no son la excepción. Basta colocar bajo una lupa a la clase política y su sistema de castas y privilegios. Todo queda en familiaLa reforma al Ipejal, promovida por Enrique Alfaro y aprobada por el Congreso de Jalisco, topa a 104 mil pesos las llamadas pensiones «doradas» de 72 ex funcionarios de alto nivel, sobre todo ex diputados y ex magistrados. Muchos tienen pensiones superiores a los 200 mil pesos mensuales. El organismo asegura que esto representará ahorros por 38.4 millones de pesos al mes, lo que en una división simple arroja que cada jubilado VIP cuesta en promedio 533 mil pesos mensuales entre salario y gratificación anual.De este lado de la realidad, la pensión promedio de un burócrata de base o sindicalizado es de 17 mil pesos (la de un mexicano son 8 mil pesos).Pero además hay 959 pensionados que ganan más de 50 mil al mes. En la iniciativa del Ejecutivo estatal se propuso congelar ese monto por tres años, pero los diputados dejaron fuera ese artículo. La iniciativa original proponía también derogar la gratificación anual «que escapa de la razón y propósito del derecho a la pensión», pero los diputados también dejaron fuera ese artículo.La familia está para apoyarse. Y la clase política es una gran familia.No es penal Una paradoja. Cada peso entregado a esta burocracia dorada es legal. La mayoría fueron funcionarios de confianza, distintos a los jubilados de base o sindicalizados, es decir, llegaron a altos cargos por razones políticas y se jubilaron con su salario de los últimos tres años.El modus operandi es sencillo. Comienzan a cotizar en el Ipejal con un salario simbólico, por ejemplo, como maestro de educación física o ejecutor fiscal en el SIAPA (ambos ejemplos son reales). Y buscan luego un cargo con altos ingresos amparados en el artículo 70 de la Ley de Pensiones del Estado que para la jubilación señala: «se tomará en cuenta el promedio del sueldo disfrutado en los últimos tres años de servicio inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador».A eso se suman los aumentos anuales de las pensiones que en los últimos seis años duplicaron el número de pensionados VIP de 28 a 72. Cuando la clase política es cuestionada, su respuesta es que no hicieron nada que la ley les impidiera. El problema es de fondo: está en el origen de las reglas del juego y el árbitro que las aplica.Aspirinas contra la enfermedadEl Ipejal es un organismo estresado. En 2019, el pago de la nómina de los cerca de 40 mil pensionados superó las aportaciones de los 122 mil trabajadores en activo con un déficit de 58 millones de pesos.Es un espejo de nuestro sistema de pensiones en México. En 2022, en medio de una crisis sanitaria, seis de cada 10 pesos del presupuesto para el IMSS serán para el pago de pensiones.El aumento de la esperanza de vida, el decremento de la tasa de natalidad, las aportaciones insuficientes representan un riesgo inminente de que colapse el sistema de seguridad social en el país.El déficit del Ipejal no se solucionará con un ahorro de 38.4 millones que representa la reforma contra las pensiones «doradas». Es un mensaje para frenar los excesos de estos ex burócratas, pero es más una medida de relumbrón político. En otras palabras, lo aprobado hasta ahora es sólo una apuesta para la tribuna y los tribunales.Las reformas de fondo están pendientes en las mesas de trabajo del Congreso de Jalisco. Hay en total 22 puntos a negociar entre sindicatos y diputados. Esa es la verdadera discusión que no hay que perder de vista.Reforma para la tribuna y los tribunalesEs previsible que los 72 pensionados VIP recurrirán a una «lluvia» de amparos para alegar una regresión de ese derecho y que el Ipejal no puede reducirles la pensión. Hay principios jurídicos que protegen cualquier derecho adquirido y la no retroactividad de la ley. Por su parte, el sustento legal de la propuesta del Ejecutivo estatal para reducir las pensiones ya otorgadas es que según principios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y convenciones internacionales, la pensión debe garantizar una vida digna, salud y alimentación, siempre que no sea inferior al 40 por ciento del salario de referencia. La reducción puede darse, entonces, por «razones de utilidad pública o interés social» para garantizar el equilibrio e igualdad de beneficios para el resto de los jubilados. Ambos principios se cumplen, pero… ¿Son 104 mil pesos al mes suficientes para tener una vida digna? ¿Se viola un derecho adquirido de los pensionados de lujo y el principio de no retroactividad de la ley?Estas preguntas deberá responderlas un juez federal. Y creo que todos anticipamos cuál será la respuesta.
