Hoy los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votarán si declaran inválida parte de la reforma al Poder Judicial. Si es así, se abre una crisis política inédita en el México contemporáneo que enfrentaría al Poder Judicial contra el Legislativo y el Ejecutivo. Sus consecuencias son imprevisibles. El proyecto que votarán en la Corte, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, propone anular la elección de jueces y magistrados, pero mantiene los comicios para ministros. El argumento central de González Alcántara indica que el nuevo mecanismo para elegir a jueces y magistrados atenta contra el régimen democrático y la independencia judicial (sugiere, sin decirlo, que llegarán al cargo los más afines a Morena, no los mejores). Es importante conocer el método de selección “antidemocrático” que el ministro ve en la reforma judicial que hoy forma parte de la Constitución. Es un poco enredoso, por eso pido su paciencia. Cada Poder de la Unión instala un Comité de Evaluación conformado por cinco especialistas. Estos emiten una convocatoria abierta en donde puede participar cualquier licenciado en derecho con un promedio mínimo de 8 al egresar. No se requiere experiencia previa para el cargo de juez, y sólo tres años de práctica profesional para ministros. Luego el Comité Evaluador califica la idoneidad de los candidatos a través de entrevistas, exámenes o los criterios que determinen. De ahí surge una lista de elegibles con los seis mejor evaluados para cada cargo. Una vez validadas las listas por cada Poder de la Unión, el Comité de Evaluación realiza una insaculación pública -la famosa tómbola- para elegir hasta dos personas candidatas por cada cargo de juez y magistrado. Y finalmente estos últimos son elegidos por voto popular. El argumento de la oposición señala que, al tener Morena mayoría en las Cámaras y al ser la Presidenta del mismo grupo político, se partidiza la designación de candidatos. Aquí hay una pregunta clave, ¿cómo se ha elegido hasta ahora a jueces y magistrados? ¿Es un mejor método y más democrático? El sistema usado desde la reforma constitucional de 1994 faculta a los siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal para nombrar a todos los jueces y magistrados. Este Consejo se integra por el Presidente de la Corte; tres consejeros que nombra el Pleno de la Corte; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. Esas siete personas, no libres de vínculos y lealtades políticas, designaron a los más de mil 600 jueces y magistrados que hoy están en funciones. Esto generó un alto grado de nepotismo en el Poder Judicial. En 2022, el 49% de los servidores públicos tenían al menos un familiar en algún órgano jurisdiccional. Norma Piña aseguró este año que la cifra bajó al 37.4%. La Ley de Carrera Judicial, que establece que sólo se puede acceder a un cargo de juzgador por medio de concursos abiertos o internos de oposición, en realidad fue producto de una reforma aprobada hasta 2021. Sorpresa: antes prevaleció la repartición de “cuates y cuotas” bajo una lógica de clan judicial. Vale la pena preguntarse: la discusión sobre los riesgos para la independencia del Poder Judicial, ¿no debimos tenerla hace muchos años? ¿Los ministros defienden la Constitución o un sistema de privilegios? ¿Quién mete las manos al fuego por nuestro sistema de justicia actual o por el experimento de Morena? jonathan.lomeli@informador.com.mx
