Aprobado la semana pasada el “Plan B” con el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere someter al Instituto Nacional Electoral (INE) y luego de los millones de mexicanos que salieron ayer a defender al órgano electoral y a exigir respeto al voto libre, todos los reflectores apuntarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tendrá la última palabra para declarar constitucionales o anticonstitucionales las reformas propuestas por el titular del Poder Ejecutivo.Habrá que ver si el músculo mostrado ayer por los opositores a los cambios a la Ley Electoral en el Zócalo y en las plazas públicas de casi todas las ciudades capitales del país, y las que hubo en el extranjero, modifican o no la estrategia del Presidente para la publicación de su “Plan B” en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Desde luego está descartada la posibilidad de alguna reconsideración de su iniciativa a partir de cómo fustigó toda la semana pasada a los que finalmente participaron ayer en la marcha, la cual, seguramente, hoy minimizará desde su púlpito mañanero.Como ayer se llamó en las manifestaciones nuevamente a presentar amparos individuales y colectivos contra el “Plan B” en cuanto las nuevas Leyes reformadas se publiquen en el DOF, es probable que desde la Presidencia detengan la publicación para dejar a contrarreloj a la Corte para que analice las impugnaciones antes de que inicie el proceso electoral del 2024 en septiembre.De hecho la semana pasada, como aquí lo referí, el ministro Alberto Pérez Dayán aceptó siete acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos políticos opositores como el PAN, PRD y MC, el INE, y diputados y senadores en lo individual, y suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social en las elecciones locales de este año en el Estado de México y en Coahuila. Además, a la Corte han llegado ya otras 47 acciones de inconstitucionalidad y más de 30 controversias contra el “Plan B” de ayuntamientos no gobernados por Morena de una decena de entidades.En teoría, y por fallos que las y los ministros ya han tomado, el “Plan B” tendría que ser detenido por la Corte por haber sido procesado en ultra fast track el pasado 6 de diciembre por la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, como lo refirió ayer el ministro en retiro José Ramón Cossío, uno de los oradores principales en el Zócalo de la CDMX.Lo dicho, si la SCJN muestra congruencia con las acciones de invalidez que ha emitido de leyes que se han aprobado en fast track o por medio de procesos legislativos viciados como pasó con los cambios a las normas electorales secundarias en la Cámara de Diputados por la mayoría de Morena y sus aliados, y no ceden ante las presiones de la Presidencia, deberá anularlos porque se aprobaron en menos de 24 horas a la presentación de la iniciativa sin siquiera pasar para su discusión en Comisiones.Así sucedió, por ejemplo, el 29 de agosto pasado que la Corte invalidó unánimemente la reforma de 2017 sobre el derecho de las audiencias porque en el Senado se aprobó en un solo día.En la Corte, pues, está el futuro de la democracia en México, por lo que habrá que ver si ministras y ministros están a la altura de este momento histórico crítico que les tocó vivir. jbarrera4r@gmail.comJaime Barrera
