En los siguientes días que inicie el debate en las cámaras de Diputados y Senadores por el asunto de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que ya quedó más descafeinada, desdibujada y ambigua que en su origen, estará como telón de fondo la enorme preocupación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perdió la oportunidad de consolidarse como el único contrapeso real al Poder Ejecutivo en la era de la autollamada cuarta transformación, donde han aparecido claras tentaciones autoritarias.Y es que, sin duda, las y los ministros que no respaldaron el proyecto de resolución del ministro Luis María Aguilar Morales en el que proponía declarar inconstitucional la solicitud que hizo el Presidente para realizar una consulta popular para enjuiciar o no a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y hacerse del lado del presidente de la Corte, Arturo Zaldivar, que optó por una visión menos restrictiva para aprovechar la “oportunidad histórica para dar un sentido verdaderamente democrático al mecanismo de consulta popular”, dejó mal parada a la SCJN, más aún cuando para salvar el tema de los derechos humanos de los expresidentes, reformularon la pregunta y la dejaron sin pies ni cabeza.Al quitar sus nombres, y sólo poner a juicio popular si se juzgan o no “las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos” para “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, los ministros asemejaron la rifa del avión presidencial que no fue, al engendrar una consulta en la que no se precisan nombres, ni tiempos, que hace aún más estéril este ejercicio. Es la consulta que no será la consulta sugerida inicialmente por el Presidente, pero que se realizará con un enorme costo para el erario, tan reducido por los efectos de la pandemia y la mala marcha de la economía en los últimos dos años.Pero lo mas grave es que la SCJN no hizo valer la autonomía del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo como ya lo había hecho cuando invalidó la Ley Bonilla que soterradamente apoyaba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando asomó claras tentaciones reeleccionistas.Esta vez la mayoría de las y los ministros prefirieron complacer el capricho presidencial que fungir como el contrapeso obligado ante un gobierno que ha mostrado con creces un profundo desprecio por los que no se ciñen incondicionalmente a sus dictados y visiones. Mala noticia para el país que la Corte se haya puesto en tela de juicio, más aún cuando la embestida de la 4T a todo lo que huela a crítica e independencia como ha sucedido con el debilitamientos de los organismos constitucionales autónomos que fueron un anhelo social largamente buscado y que costó décadas construir.jbarrerar@gmail.com
