Mientras lees esta columna, sin importar el día o el momento en que lo hagas, un vehículo de carga, o dos, o decenas de ellos, están entrando a propiedades privadas que se ubican a la orilla del Lago de Chapala y arrojan toneladas de piedra, basura y escombro al lago natural más grande en México.Uno tras otro, vierten todo lo que recogen de depósitos con un fin específico: quitarle espacio a Chapala para que una propiedad que el Gobierno municipal autorizó a construir ahí, crezca en dimensión.Y lo peor es que ni el municipio, ni el Estado ni la Federación mueven un dedo. Ese delito ambiental ha permanecido impune durante décadas.Esta negligencia en la protección de áreas naturales como el Lago de Chapala no sólo es un problema ambiental, sino una afrenta a la integridad de un ecosistema vital. En el caso específico de este lago, que además es reconocido como un sitio Ramsar, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha fallado en la aplicación de sanciones efectivas contra quienes invaden sus límites, llenando de tierra, basura y escombros para expandir sus propiedades a expensas de este recurso natural.Así, tal cual: la Conagua se ha convertido en un mueble más dentro de la robusta nómina de un Gobierno “austero” a la cual se le asignaron 71 mil 700 millones de pesos en cifras redondas para este año.La problemática se ha planteado en distintos rubros: Medios de comunicación, colectivos de defensa al lago y activistas. Todos han hecho público este serio atentado a un ecosistema vital que, según las estimaciones más recientes, ha sido invadido ilegalmente por particulares en más de la mitad de su extensión, afectando gravemente su capacidad, contaminando su agua y poniendo en peligro la vida silvestre y su biodiversidad.Estas invasiones no sólo incumplen la normativa ambiental, sino que representan una seria amenaza para un área de alta importancia ecológica internacional.Pero lo peor es la cadena de omisiones y pretextos entre las autoridades. El municipio dice que no tiene atribuciones, el Estado -como el slogan de este sexenio- sostiene que “no le toca” porque la ley así lo dice y la Federación reconoce que, pues sí le toca, pero que no tiene inspectores suficientes para hacer frente a un problema que los tiene rebasados y exhibidos.A pesar de las denuncias y el conocimiento público de estas invasiones, la Conagua ha mostrado una pasividad alarmante en la aplicación de sanciones contundentes. La ausencia de acciones coercitivas y la laxitud en la ejecución de medidas disuasorias simplemente han perpetuado esta problemática, permitiendo que siga creciendo a expensas de un patrimonio natural invaluable.Tal y como ocurre con los temas de inseguridad, la pasividad de quienes tienen la ley en la mano genera una sensación de impunidad, lo que a su vez fomenta que este comportamiento ilegal se repita en bucle. Y mientras tanto, las autoridades en la hamaca, evadiendo su responsabilidad, la aplicación de sanciones proporcionales a la gravedad del delito ambiental e ignorando la vigilancia y la ejecución de medidas para proteger no sólo a Chapala, sino todos los sitios Ramsar y áreas naturales del país.Sin darle vueltas: preservar estos ecosistemas no es sólo su deber ético, sino una necesidad para garantizar la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las generaciones futuras, a esas a las que se comprometieron a servir antes de emborracharse en las mieles del poder y en los miles de millones de pesos que dicen que ejercen.Por todo esto, ya es hora de que le pongamos un despertador a la Conagua y que ésta se comprometa firmemente con la protección de estos espacios naturales, actuando con decisión y eficacia para detener estas invasiones y restaurar la integridad del Lago de Chapala.En tanto eso no ocurra, la Comisión Nacional del Agua seguirá siendo un mueble más en el fondo del lago natural más grande en México.isaac.deloza@informador.com.mx
