Varias lecturas son las que se pueden hacer de la publicación en fast-track de la llamada Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional con la que el gobierno de la autollamada cuarta transformación echa abajo las reglas de operación fincadas en la reforma energética del priista Enrique Peña Nieto, y que se habían expedido apenas hace tres años para que operadores privados vendieran energías renovables al gobierno, convirtiéndose en competencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La primera es que el hecho de limitar la acción de los inversionistas privados para volver a dar prioridad a la CFE, pese a sus todavía altos márgenes de ineficiencia, reflejan claramente la visión ideológica del gobierno lopezobradorista de volver a un Estado rector que intervenga y monopolice sectores de la economía que considere claves.Este decreto ya se veía venir desde hace una par de semanas que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió un acuerdo “urgente” por instrucciones de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para limitar la compra de energías renovables (eólicas y solares principalmente) y dar prioridad a las centrales eléctricas fósiles de la CFE en el suministro para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Este acuerdo se presentó inicialmente como temporal, para supuestamente asegurar el abasto eléctrico por la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus, ya que, aseguran, las centrales de los privados por ser intermitentes no lo podían garantizar como la CFE. Con la publicación del decreto, queda claro que las reglas del acuerdo adquieren carácter permanente.Lo desaseado y precipitado del proceso para su publicación en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el viernes pasado vuelve a reflejar también el despreció de la 4T a los órganos constitucionales autónomos de reciente creación y ahora la que salió atropellada fue la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), cuyo titular, César Hernández Ochoa, prefirió renunciar vía redes sociales. Conocedores y expertos del sector energético atribuyen su repentina salida a su inconformidad con la aparición del decreto en el periódico oficial (a lo que se oponía también inicialmente la Secretaría de Gobernación) sin que se hubieran hecho las consultas públicas para la elaboración de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR). Aquí otra conclusión es que a los morenistas su amor por las consultas florece sólo cuando les conviene.Otra arista es que las justificaciones de que muchos de los contratos de los privados están manchados de corrupción quedan en entredicho por el hecho de que la CFE esté ahora en manos de Manuel Bartlett, quien se ha visto envuelto en los últimos días en casos de malos manejos. Finalmente, la apuesta por energías fósiles pone a México fuera de la transición energética dictada por los acuerdos de París en busca de modelos más sustentables, que además provocará una avalancha de litigios y amparos de empresas extranjeras que ya habían invertido en México, como advirtieron ya los gobiernos de Canadá y la Unión Europea.jbarrera4r@gmail.com
