Las cada vez más comunes imágenes de asaltantes llegando a restaurantes a despojar a los comensales de sus pertenencias a punta de pistola sin importar si es de mañana, tarde o noche, son la prueba fehaciente que lejos estamos en Jalisco de avanzar en el combate a la ilegalidad, la injusticia, la corrupción y la impunidad, flagelos sociales entre los que nace y se desarrolla sin freno el crimen, en sus cada vez mas variadas expresiones.Esta debilidad del estado de derecho en Jalisco y en México quedó en evidencia en la segunda entrega del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, realizado por la organización civil internacional World Justice Project (WJP). Este estudio mide y evalúa el desempeño institucional de las entidades del país en ocho indicadores relevantes para que se consolide el estado de derecho: 1) Límites al poder gubernamental, 2) ausencia de corrupción, 3) gobierno abierto, 4) derechos fundamentales, 5) orden y seguridad, 6) cumplimiento regulatorio, 7) justicia civil, y 8) justicia penal. De estos factores se desprenden 42 variables que se miden a través de tres instrumentos: 25 mil encuestas cara a cara a domicilio en población abierta, dos mil 600 a especialistas, y otra fuentes que se miden en una escala de 0 a 1, donde uno indica la máxima adhesión al estado de derecho. A nivel nacional, como era de esperarse, el Índice evalúa a todos los estados por debajo del 0.5. Es decir, en ninguna de las entidades de la República se cumplen los estándares institucionales para lograr los desempeños necesarios que cubran los requerimientos para garantizar un pleno estado de derecho.Las entidades con los puntajes mayores volvieron a ser, como en la primera medición del 2018, Yucatán con 0.46, Aguascalientes con 0.45 y Zacatecas con 0.43. Con el menor puntaje aparecieron Puebla y Quintana Roo con 0.35 y Guerrero con 0.33. Con los 0.37 que alcanzó Jalisco, se ubicó por debajo de la media tabla y más cerca de los peor evaluados. De hecho, en relación al primer Índice publicado e 2018, nuestra entidad cayó del lugar 23 al 26.El hecho de que de los ocho indicadores sea el de orden y seguridad (bajó del 0.29 a 0.27), y el de ausencia de corrupción (se mantuvo en 0.31) los que tuvieron la evaluación más baja en el caso de Jalisco, habla de la debilidad de nuestros cuerpos policiales y sus estrategias, y el poco impacto que ha tenido el Sistema Estatal Anticorrupción, en sus más de dos años de existencia, para combatir prácticas irregulares en gobiernos en el manejo del erario y patrimonio público.Ojalá que este estudio, que se puede consultar íntegro en la página http://bit.ly/2wg0gEY sea revisado a detalle por el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como por los ayuntamientos y todas las dependencias que integran el Sistema Estatal Anticorrupción para salir de la inercia de debilitamiento de nuestro estado de derecho que degrada permanentemente nuestra calidad de vida. jbarrera4r@gmail.com
