El primer decreto publicado oficialmente por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue el 4 de diciembre, y se dedicó a establecer las bases legales para instaurar una comisión para encontrar la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como el asesinato de otros tres, ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.Oficialmente en el decreto no crea una “comisión”, sino que es una instrucción del titular del poder Ejecutivo federal: “Se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia”, dice el artículo primero de este decreto.Apenas 40 días después de publicado, la comisión fue instaurada el día de ayer en la Secretaría de Gobernación. Será presidida por el subsecretario de Gobernación para asuntos de derechos humanos, Alejandro Encinas, quien claramente tiene empatía por los familiares de los normalistas desaparecidos.También la integran los secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda del Gobierno federal. El primero para que establezca convenios y acuerdos con instancias internacionales, como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que coadyuven en la búsqueda de la verdad sobre este caso; el secretario de Hacienda fue incluido para que garantice que la Comisión Ayotzinapa, tenga los recursos necesarios en todo momento para su funcionamiento. Cinco padres de igual número de normalistas, están incluidos, al igual que representantes de cinco organizaciones de derechos humanos que han acompañado a los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, desde hace cuatro años y cuatro meses.En la instalación de la comisión, los padres celebraron la medida y señalaron que les renace la esperanza de poder saber la verdad sobre el destino de sus hijos desaparecidos. Esta comisión nace con clara voluntad y peso político para crearla y dotarla de recursos para que funcione y, eventualmente, pueda dar con la verdad y justicia para estas familias.Pero mientras se celebra la creación de esta comisión, miles de familias lamentan que el Gobierno de López Obrador no manifiesta la misma voluntad y decisión política para avanzar de manera decidida en la conformación de la Comisión Nacional de Búsqueda y otras herramientas y decretos que también son necesarios para dar con la verdad de más de otros 38 mil desaparecidos registrados oficialmente.Sería una pésima noticia y una desfachatez, que el Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación piense que la demanda de justicia y verdad para miles de víctimas de la guerra en México se satisface sólo atendiendo, legítimamente, a las familias de los normalistas de Ayotzinapa.Hay miles de otros desaparecidos a quienes el Gobierno actual debe dar respuestas, también inmediatas y también contundentes.Las familias organizadas en el Movimiento por Nuestros Desparecidos en México, emitieron ayer mismo un comunicado donde le exigen a López Obrador que se reúna con ellos para acordar la implementación del sistema nacional de búsqueda. Debe atenderlos y darles una respuesta semejante, al menos, a la que dio a las familias de los normalistas de Ayotzinapa.
