Hay un término de origen anglosajón que suena pedante, pero es importante conocerlo: lawfare. Surge de la combinación de law (ley) y warfare (guerra). La traducción sería “guerra jurídica”. Este concepto militar, surgido a principios del siglo XXI, fue adaptado para describir en política el uso de procedimientos judiciales como herramienta de persecución política.Trasladado a la política “designa el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político” (Fundéu). Un ejemplo temprano fue el desafuero de AMLO en 2005 para procesarlo e inhabilitarlo como candidato presidencial. La PGR lo acusó de desacato por invadir un terreno privado para construir una calle (este caso marcó un momento crucial en la relación entre López Obrador y el Poder Judicial).En aquel momento, se cumplía el principio de la guerra jurídica: el uso de la “justicia” para doblegar a un rival político. Un caso similar ocurrió en Brasil con Lula da Silva. El juez que lo condenó y encarceló por corrupción, y al mismo tiempo lo inhabilitó para competir por la Presidencia de Brasil en 2018, se convirtió en Ministro de Justicia con Bolsonaro. En 2021, Lula da Silva fue exonerado por la Corte Suprema. Este tipo de decisiones judiciales, disfrazadas de legalidad para fines de acoso político y destrucción de la imagen pública de un adversario electoral, tienen siempre un componente clave: la amplia (y cómplice) cobertura mediática que azuza el linchamiento. Ahora, ¿a qué viene este cuento? Existe otro término que, sin ser lo mismo que la guerra jurídica, está relacionado: me refiero a la politización de la justicia. Consiste en la utilización de las leyes para resolver y dirimir asuntos que podrían -o deberían- conducirse por la vía política. Por medio del retorcimiento y la interpretación forzada de leyes, alejándose de su literalidad, los jueces definen políticas públicas, alcances de normas e invaden decisiones de los otros poderes (activismo judicial). Esto necesariamente genera una confrontación. Este fenómeno, conocido como juristocracia, se refiere al poder creciente de los jueces sobre decisiones políticas.En otras palabras, el poder de los jueces (juristocracia) por encima del poder del pueblo (democracia). Lo que vimos ayer por parte de un grupo de ministros de la Corte, que intentaron extralimitar su facultad al intentar modificar la Constitución, debería de leerse y entenderse a la luz de estos conceptos. jonathan.lomeli@informador.com.mx
