El silencio de un niño encierra muchas respuestas, quizá más de las que estamos preparados para escuchar. En el caso de Camila fue el cambio de conducta durante sus actividades diarias lo que encendió la alarma en casa: se aislaba, no permitía que la tocaran, hasta el baño diario había cambiado su dinámica y los padres saben leer las señales.Fueron semanas de hostigamiento los que a sus nueve años Camila vivió por parte de tres de sus compañeros en noviembre de 2019, y aunque en su momento lo reportó con su profesor no hubo ninguna acción al respecto: ni sanción para los tres niños responsables ni para sus padres ni para la madre de Camila. Todo se quedó en un juego de niños.Pero esa violencia disfrazada de juego escaló a los golpes hasta llegar al abuso sexual… Sí, entre menores de apenas nueve años. El criterio del profesor no alcanzó para identificar lo que sucedía: para frenar el hostigamiento y para darse cuenta de que entre sus alumnos se estaba presentando una conducta irregular.Ante las primeras alarmas, la madre de Camila solicitó información con el profesor del grupo, el cual negó cualquier indicio de abuso. Finalmente pidió ayuda profesional y fue a través de las sesiones de terapia que la pequeña reveló lo que le sucedía en la escuela. Más tarde pudo decírselo a su madre. Se rompió el silencio.Tras la denuncia en enero de 2020, se reveló que en el mismo plantel de la primaria Marco Antonio Montes de Oca, en Zapopan, sucedió otro caso similar: el de Nínive, y en esa bola de nieve resultaron sancionados cuatro servidores públicos por omisión. Sin embargo, han pasado casi 18 meses sin justicia para las pequeñas y cuando finalmente llegó el día de la primera audiencia, el pasado 7 de julio, no se presentaron ni el profesor del aula ni la directora del plantel bajo el argumento de que “no fueron notificados”. Tras la decepción y la impotencia, las madres se apoyaron de colectivos como Arpías Guadalajara para exigir respuestas a las afueras de las instalaciones de la Secretaría de Educación Jalisco, y las acciones de esas mujeres el pasado 9 de julio ganaron el ojo público por los daños al edificio, calificados como vandalismo, y no los denunciados en el caso de las pequeñas víctimas de abuso. Un caso más por el que incluso Amnistía Internacional emitió un llamado de atención a las autoridades estatales para no criminalizar a las manifestantes.En esta enredada madeja de omisiones varias por parte de servidores públicos, de autoridades aletargadas, de manifestaciones con daños materiales y de menores víctimas de abuso, ¿a quién le corresponde brindar justicia a dos niñas que a sus escasos 10 años ya saben lo que es la violencia de género, la impunidad y la dilación de justicia?puntociego@mail.com
