En las últimas décadas, hemos sido testigos de una notable expansión del papel del Poder Judicial en la vida pública y la política. El discurso jurídico se ha hecho presente en prácticamente todas las relaciones sociales, y lo que antes sólo se planteaba en la arena política, ahora también se debate en los tribunales. El poder real de las cortes ha crecido y la sociedad, afortunadamente, se interesa cada vez más en los temas jurídicos, dando un nuevo aire al debate democrático. Este fenómeno global ha transformado a los magistrados en protagonistas clave de la vida pública, dado el impacto profundo y duradero de sus decisiones. Temas de vital importancia social, desde el derecho al aborto y la eutanasia, hasta la protección de la privacidad y las expropiaciones, se deciden en los juzgados, moldeando así el tejido de nuestras sociedades. Por eso, muchos mandatarios han intentado, de una forma u otra, influir en las áreas de la justicia: desde la intención de Trump de controlar al Departamento de Justicia y al FBI, o las reformas en España, o el intento en Israel que trajo una enorme movilización social para evitar el control político de las cortes, pasando por reformas de diverso grado en otras partes del mundo.La tensión inherente entre política y justicia es un pilar fundamental de la democracia. Mientras la política busca resolver conflictos a través de un principio mayoritario, negociado y a menudo comprometido, la justicia se orienta hacia la búsqueda de una solución legal, correcta y justa, basada en un análisis racional e imparcial. Esta diferencia fundamental provoca que, en ocasiones, una resolución jurídicamente correcta sea políticamente costosa o socialmente impopular. El discurso político es deliberativo, mientras que el judicial es una decisión imparcial impulsada por argumentos técnicos.Muchos temas políticos ahora se deciden en los tribunales, generando una presión implacable sobre la independencia judicial. Los actores políticos, en su afán por inducir las decisiones judiciales, intentan ejercer influencia directa o indirecta a través de mecanismos partidistas o grupos de poder. Las reformas judiciales que vemos hoy en día son un reflejo de esta tensión, oscilando entre la defensa de la independencia judicial y los intentos por subyugarla al control político. El resultado en las democracias es un fortalecimiento de los aparatos judiciales y de las Cortes Constitucionales como garantes democráticos.En México, nos enfrentamos a una polémica reforma que propone la elección directa y popular de jueces. Aunque esta idea pueda parecer atractiva en teoría y ganar adeptos en un país azotado por la impunidad, sus implicaciones son profundas y potencialmente peligrosas. La crisis de justicia que atraviesa México no es fruto del azar, sino de décadas de negligencia política, que han dejado al sistema judicial fuera de las prioridades, sin recursos suficientes para responder a las demandas de la sociedad, mientras se infiltraban redes de intereses oscuros.A pesar de esa insuficiencia, a lo largo de los años se ha logrado construir un sistema judicial federal más capacitado y técnicamente preparado, que ha permitido defender la legalidad y la Constitución. La reforma a la Constitución del año 2011 impulsó una nueva forma de interpretar los principios para priorizar la protección de los derechos fundamentales de las personas. La reforma propuesta, aunque tenga buenas intenciones, corre el riesgo de desmantelar estos avances, abriendo la puerta a una degradación técnica del poder judicial, a su politización por intereses partidistas, e incluso a una peligrosa injerencia del crimen organizado. Pero aún más grave sería dejar de lado ese mandato del artículo primero de la Constitución que ordena a todas las autoridades actuar interpretando las disposiciones con el criterio de mayor protección de los derechos.En este momento crucial, cuando el Poder Judicial está en el centro del debate nacional, es imperativo mantener su fortalecimiento como una prioridad para consolidar nuestra democracia y garantizar el desarrollo del país. La forma como se eligen a jueces y magistrados es un tema relevante, pero el más trascendente es encontrar la forma de extender el servicio público de justicia con calidad a toda la población que lo requiere. Politizar la justicia con la excusa de reducir la judicialización de la política es un camino lleno de peligros que solo puede evitarse con una vigilancia constante por parte de la sociedad. Todo cambio debe orientarse al fortalecimiento institucional del sistema judicial, en beneficio de todos los ciudadanos que dependen de él para obtener justicia. Es una cuestión esencial para el Estado mexicano y para sus habitantes.luisernestosalomon@gmail.com
