Sin discusión, reafirmando el estilo naranja de esta legislatura, los diputados de la Comisión de Vigilancia del Congreso de Jalisco aprobaron en comisiones una iniciativa del diputado panista José de Jesús Hurtado para quitarle el sueldo a los miembros del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, una reforma cuya única finalidad es debilitar un sistema que con dificultad va creciendo y que comienza a ser incómodo, particularmente para el gobernador Alfaro. Hoy o mañana esta iniciativa pasará al pleno y si nada se interpone en el camino de la alianza Legislativa de PAN-MC para el fin de semana será un hecho consumado.¿Hace alguna diferencia al erario que cinco funcionarios tengan un sueldo de alrededor de 80 mil pesos? Nos puede parecer mucho o poco, como todos los sueldos de la función pública, pero cinco millones de pesos al año no hacen cosquillas al presupuesto. Argumentar el ahorro de estos pesos para eliminar el sueldo de los Comisionados es francamente ridículo. El problema está en otra parte.El Comité de Participación Social es el órgano colegiado que articula el sistema anticorrupción. Desde su nacimiento su conformación ha sido muy debatida, no le gustó a ninguno de los grupos de poder, lo cual, sostengo, habla bien del trabajo de la Comisión de Selección. Para que el Comité funcione tiene que incomodar al poder en turno y a los poderes fácticos. Eso es lo que está en el fondo de esta llamada ley Hurtado. Para el gobernador Alfaro algunas decisiones del Comité han resultado sumamente incómodas, dos de ellas las más evidentes. La primera fue la vigilancia y sanción negativa del proceso de nombramiento de Magistrados del Poder Judicial, en el que se hizo un burdo reparto de cuotas y cuates, y la segunda la investigación especial que se abrió por el caso A Toda Máquina.La reforma se hace además en un momento muy delicado para el Comité, justo cuando está por lanzarse la convocatoria para la selección, como cada año, para elegir un nuevo miembro. La eliminación del incentivo económico para una encomienda que implica trabajo y desgaste provocará que los perfiles que se inscriban en el proceso de selección sean en su mayoría miembros de grupos políticos con filias, fobias e intereses específicos. Si ya era complejo el trabajo de la Comisión, esta iniciativa no hace sino ahuyentar a los perfiles de mayor nivel.Podemos, debemos, discutir los sueldos públicos del gobernador para abajo, pasando por supuesto por los diputados. Podemos, debemos discutir el trabajo de los Comisionados y los resultados del sistema anticorrupción. Pero anular con este tipo de iniciativas la viabilidad del sistema simplemente porque el gobernador no le gusta es un retroceso en el sistema de pesos y contrapesos fundamentales en una democracia.diego.petersen@informador.com.mx
