El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que entró en operación ayer es la prueba de fuego del gobierno de López Obrador. Hay muchos temas y muchos problemas en el país, entre ellos sin duda la seguridad y el crecimiento económico, pero ninguno compromete más al gobierno que el de salud y particularmente la creación de este nuevo sistema.En seguridad seguirán diciendo que les dejaron un cochinero, que todo es culpa de la guerra de Calderón y aunque la estrategia no esté dando resultados, el discurso de la culpa de otros no solo es creíble, sino en parte real. Todos echan la culpa a todos, pero lo cierto es que en todo lo que va del siglo XXI hemos sido incapaces de tener una política de seguridad de Estado. No la tuvimos con Fox, la de Calderón fue rechazada por exacerbar la violencia, la de Peña fue la dejadez total y la de López Obrador es más voluntarismo que política pública. Aun así, y aunque los números empeoraron en el primer año, nadie culpa al presidente actual de la descomposición de la seguridad. En materia económica el arranque del gobierno lopezobradorista ha sido de regular para abajo. Tiene la virtud de haber mantenido la estabilidad de los indicadores macroeconómicos, de haber aumentado la masa salarial, pero el crecimiento es el peor para un primer año desde Zedillo y con mucho el más malo para un año en el que no hay crisis. Es un estancamiento autogenerado, y eso es terrible, pero aún así hay una gran tolerancia a ello frente a la expectativa de cambio y un discurso aún creíble de que están arreglando la casa.En salud no hay margen para el error. Primero porque lo que se juega es la vida de las personas; segundo porque secretarios de salud de cuatro administraciones distintas, partidos y grupos distintos, advirtieron que era un error desaparecer el Seguro Popular y dar seguridad social universal solo en el papel. El arranque fue caótico, falta información tanto a los usuarios como a quien supone deberá prestar el servicio. Pero no es solo un problema de información, sino que no existe la infraestructura para otorgar el servicio, lo que en la práctica se convierte en un engaño, pues el Estado otorga un derecho que es incapaz de hacer efectivo. Estirar la liga hasta el punto máximo y luego acomodar la realidad ha sido el modus operandi del gobierno de López Obrador. Hacerlo con la salud de los mexicanos parece no solo arriesgado en términos políticos sino, paradójicamente, en el bienestar de quienes el Instituto de Salud para el Bienestar pretende atender. El arranque fue caótico, falta información tanto a los usuarios como a quien deberá prestar el servicio.
