Todo indica que se está gestando un nuevo movimiento social de resistencia, ahora en ocasión de la decisión de construir el nuevo vertedero de basura metropolitano en el municipio de Tala, en sustitución del basurero de Los Laureles. El conflicto se detona por el hábito reiterado de los gobernantes de no consultar, no preguntar a las comunidades donde se decide intervenir para una obra o un proyecto.La historia de las luchas sociales en Jalisco está plagada de movilizaciones y protestas, algunas cortas y otras de largo alcance, por la mala costumbre de los gobernantes de tomar decisiones sin tomar en cuenta la voz de los pobladores.Tras anunciarse la semana pasada que el nuevo vertedero de basura metropolitano (pomposamente llamado Centro Integral de Economía Circular) se construirá en el municipio de Tala, el domingo pasado habitantes de las localidades de El Refugio y El Ruiseñor organizaron una caravana, una manifestación frente a la presidencia municipal y la recolección de firmas para manifestar su rechazo al basurero que se construye cerca de sus hogares.En lugar de escuchar sus reclamos y atenderlos, desde el gobierno del estado se descalificó la movilización y la atribuyó a la oposición. Hugo Luna, el jefe del gabinete del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, sostuvo que los candidatos que perdieron la elección aprovecharon esta causa para salir a movilizarse.Pero escucho argumentos de los habitantes de Tala que se oponen al basurero y me parecen razonables. En la crónica de la manifestación del domingo pasado hecha por mi compañera Fátima Aguilar, de Canal 44, se entrevistó al señor José Padilla, habitante de la comunidad El Refugio, que está a dos kilómetros del nuevo basurero. Dijo: “Nosotros en el pueblo de El Refugio tenemos unos nacimientos de agua de la cual la población consume agua directa; la primera contaminación serían los mantos freáticos, el subsuelo, y al contaminarse el subsuelo, los mantos freáticos, nuestros nacimientos estarían contaminados, por lo tanto vamos a padecer una serie de enfermedades”. Don José Padilla le dijo a Fátima Aguilar que en su comunidad conocen de los problemas de salud que tienen pobladores de El Salto y Tonalá a causa de la contaminación producida por la basura. Y añade que por esa situación “las casas se depreciaron, el ser humano se depreció por las enfermedades que se están desarrollando en esa región por la contaminación a través de la basura. No queremos que nuestras familias se nos enfermen. Preferimos morir de COVID-19 de forma rápida que estar agonizantes durante muchas años por enfermedades causadas por intoxicación de la basura”. No sé si José Padilla es opositor al gobierno, pero sus argumentos son totalmente razonables y tiene el legítimo derecho a cuidar su agua y la salud de su familia. Tiene absoluto derecho a defender su medio ambiente y cuerpos de agua de una potencial contaminación por lixiviados, como ocurre ahora en el basurero de Los Laureles (la crónica se puede ver aquí: https://bit.ly/3ALbT2y). Antes de descalificar esta legítima protesta, se deben escuchar los argumentos de quienes se oponen al basurero, escucharlos y consultarlos. Según el gobierno, el proyecto del nuevo vertedero de basura en Tala se “socializó” con los vecinos, es decir, que se dio información al respecto. Pero Gabriela Vega, ambientalista de Tala, dijo en el mitin del domingo que la autorización emitida por Semadet el pasado 7 de julio se indicó que se tenían 20 días para informar a los habitantes implicados. En la plaza la ambientalista les preguntó a los asistentes si alguien había sido informado y por respuesta se escuchó un largo “no”. La mala costumbre gubernamental de no consultar, no preguntar e ignorar a las comunidades es el origen de la mayoría de los conflictos llamados socioambientales. No habría conflicto en Temacapulín si les hubieran preguntado si querían una presa; no habría conflicto en San Juan de la Laguna, en Lagos de Moreno, si les hubieran preguntado si querían un gaseoducto; no habría conflicto en Casa Blanca, Poncitlán, si le hubieran preguntado a la comunidad si quería una terminal de transferencia de combustibles de la empresa Ienova. Y así podría seguir al infinito. No preguntar ni tomar en cuenta a las comunidades es una mala costumbre de los gobiernos que debe terminar.rubenmartinmartin@gmail.com
