Cuando inicié como reportero de seguridad, mi editor me pidió buscar al Consejo de la Judicatura. Yo fingí demencia: no tenía idea de qué hablaba. Como no-abogado, se vale ignorarlo. Como reportero, no. Como ciudadano, ahora con la reforma judicial, tampoco. Así me enteré que el Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial que tiene una función similar al corazón: administra, vigila y sanciona a los jueces y magistrados corruptos. En teoría es un órgano independiente. También surgió con la gran reforma judicial de Zedillo en 1995. Sin embargo, el trabajo de este órgano no se refleja en la percepción ciudadana. Según el Inegi, los tres servidores públicos que la gente percibe como más corruptos son: los policías de tránsito (74%); los jueces (66%) y los policías municipales (65%). Uno siente terror de que lo inspeccione un policía municipal o lo pare un tránsito. Pero también hay un miedo legítimo a llegar a un tribunal ante un juez cuando sabemos que allí todo pesa (el dinero, el poder, el nepotismo) antes que la justicia. La reforma judicial que impulsan AMLO y Sheinbaum desaparece el Consejo de la Judicatura para reemplazarlo por dos figuras: un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial. Hoy el Consejo de la Judicatura está encabezado por el ministro presidente de la Corte; tres consejeros designados por el pleno de la Corte; dos designados por el Senado y uno por el Presidente de la República. La justificación de la reforma judicial critica que la presidencia de la Judicatura y la Corte recaigan en la misma persona. Esto supone un conflicto de interés, sostiene, que compromete su independencia además de la sobrecarga de responsabilidades. En su lugar, la iniciativa propone desaparecer la Judicatura y crear el Tribunal de Disciplina Judicial integrado por cinco magistrados durante seis años y elegidos vía el voto popular. Esta instancia tendrá dos atribuciones centrales: podrá investigar a jueces y ministros -la Judicatura no tiene esa facultad con estos últimos-, y recibirá denuncias por corrupción de cualquier persona o autoridad, algo que en el modelo actual recae exclusivamente en la Corte. En cambio, el órgano administrativo estará integrado por cinco personas designadas por seis años: los designa el Poder Ejecutivo (uno); el Senado (uno); y la Corte (3). Elabora el presupuesto, administra la carrera judicial y opera el control interno. Finalmente esta reforma federal implica modificar las constituciones y leyes estatales para que se apeguen a sus principios. Es decir, es una “bomba” para los poderes judiciales locales en donde hay más corrupción. Implicaría una dura sacudida a sus poderes fácticos. Con este cuarto y último texto de la semana termino un modesto esfuerzo por explicar a las y los lectores la reforma judicial -sin ser abogado- que las y los legisladores morenistas quieren aprobar en septiembre. Espero resulte útil para iniciar el debate. jonathan.lomeli@informador.com.mx
