¿Qué diablos es la reforma judicial? Que los abogados dicten cátedra, yo sólo estudié letras y periodismo, así que trataré de aterrizar las ideas centrales de la reforma judicial sin torturarlos con la redacción laberíntica de los legajos jurídicos. Primero tuve que hundir las narices en las 142 páginas de la reforma constitucional al Poder Judicial presentada por el Presidente el 5 de febrero pasado. Aclaro que sólo ofrezco un punto de partida, no un análisis jurídico. La reforma engloba cuatro aspectos generales. 1. El primero se refiere a la austeridad. Propone una nueva integración para la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pasar de 11 a 9 ministros, y la reducción de su periodo de encargo de 15 a 12 años. Y se eliminan las dos Salas, por lo que sólo sesionará el pleno.También topa el salario de las y los ministros al del Presidente de la República, pues hoy ganan 314 mil 499 pesos al mes, el doble que el Primer Mandatario. De hecho perciben un mejor salario mensual que un ministro en España (221 mil), Chile (202 mil) o Brasil (148 mil). Por otra parte, en la Corte trabajan 241 altos funcionarios que ganan más que el Presidente de la República; en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación laboran otros 189; en el Consejo de la Judicatura, tribunales colegiados y juzgados de distrito, hay mil 947 más. Si sumamos a toda esta burocracia dorada, la reforma limita el salario a 2 mil 377 altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación que ganan más que el Presidente. Por último, la iniciativa elimina el “haber de retiro” o pensión vitalicia. Según la ley actual, al terminar su encargo, las y los ministros reciben su salario íntegro por dos años y después el 80% hasta su deceso. Hoy mantenemos en esas condiciones a una decena de togados. La austeridad es quizá la parte menos controvertible de la propuesta. Ciertamente, la medida no salva a las finanzas públicas, pero acota el festín de privilegios de la élite judicial y otorga una victoria política al actual régimen. En esto pocos estarán en desacuerdo. La polémica surge con el siguiente punto: elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular. Esta propuesta se funda en una realidad: el origen político de los nombramientos judiciales. La iniciativa que analizan las y los legisladores cita al historiador Pablo Mijangos y González, quien refiere que los ministros “nunca han sido una casta de sabios desconectados de los intereses mundanos, sino personajes que, con independencia de sus aptitudes, llegaron al cargo gracias a que estaban fuertemente vinculados a las clases gobernantes en cada momento histórico”.Este segundo aspecto lo abordaré en mi columna de mañana.jonathan.lomeli@informador.com.mx
