Ante las críticas y quejas de universidades y cúpulas empresariales por el desaseo en la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco, se dice que el gobernador ya respondió: no hay marcha atrás a la segunda convocatoria porque es “hombre de palabra” y tiene un acuerdo con el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, el diputado José María Martínez.El acuerdo, no explícito, pero a la vista de todos, es que Martínez lleva mano en este nombramiento, a cambio de que los morenistas votaran a favor de las Asociaciones Público-Privadas para la ampliación de la planta de tratamiento de El Ahogado y la Línea 4 del Tren Ligero.Qué bueno que el gobernador sea, como le gusta decir, “hombre de palabra”. Sin embargo, más allá de su desplante: ¿Qué culpa tiene el Itei de sus acuerdos políticos?Dicho de otra manera: ¿Permitirán los organismos empresariales y las universidades que el Instituto de Transparencia, el organismo más importante para la vigilancia ciudadana del gasto público, se use como moneda de cambio entre los partidos?* * *Y en el Congreso no acaban de apagar un incendio cuando inician otro. El Legislativo tiene en marcha el proceso de selección de la presidenta del Instituto de Transparencia, pero ya comenzó con otra convocatoria para renovar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.Llama la atención que el actual titular, Alfonso Hernández, decidió no registrarse, pues todo indica que no tenía posibilidades para repetir, tras el papel que asumió en la disputa entre el Gobierno estatal y la UdeG -a favor de ésta-.Aquí se repite la sombra del reparto de “las cuotas y los cuates”. Y en los pasillos del Congreso ya se habla de que el cargo será para un perfil impulsado por MC, aunque algunos panistas presionan para colocar un alfil.En total, 29 buscan la presidencia de la Comisión.* * *Las grillas que se traen en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva son una disputa de cotos de poder, dijo ayer el gobernador, al hablar sobre la parálisis que atraviesa el organismo, que terminó afectando a los pacientes. El mandatario llevó el asunto al terreno del enfrentamiento que sostiene con la UdeG y aprovechó para advertir, otra vez, que en ninguna institución pública tienen parcelas de poder.De lo que no quiso hablar el gobernador fue del presunto fraude del que se acusa a dos empresarios camioneros, que son socios de la administración estatal en la operación del Macrobús y del Peribús.Ni siquiera la Secretaría de Transporte fija una postura, a pesar de que están involucrados los recursos públicos del subsidio que entregaron o regalaron a los transportistas para instalar las máquinas de prepago en los camiones.
