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Halconazo e impunidad

Por: Rubén Martín

Halconazo e impunidad

Halconazo e impunidad

El pasado jueves se cumplieron 50 años de uno de los hechos represivos más brutales contra la sociedad por parte del Estado mexicano: el Halconazo. El jueves de Corpus del 10 de junio de 1971, un grupo paramilitar organizado y entrenado por el gobierno reprimió a sangre y fuego a una manifestación de estudiantes en la capital del país, quienes se solidarizaban con una huelga de estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La represión, con palos de bambú y disparos de armas de fuego, dejó al menos una treintena de muertes y cientos de heridos. Algunas fuentes hablan hasta más de 120 decesos. 

Desde entonces, las víctimas y las organizaciones que han padecido otros hechos represivos han demanda justicia y el castigo a los culpables. El pasado jueves, justo al cumplirse 50 años del Halconazo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a esos hechos y recordó cómo el Estado mexicano tenía una Policía política: la Dirección Federal de Seguridad, que mediante la Guerra Sucia detenía, desaparecía y ejecutaba extrajudicialmente a quienes consideraba disidentes del gobierno.

Y tras ello, el mandatario ofreció disculpas a las víctimas del Halconazo: “Nosotros queremos enviarles un abrazo a todos los familiares de las víctimas de la represión este día 10 de junio, a 50 años del Halconazo y de la represión. Ofrecer, en mi carácter de representante del Estado mexicano, una sincera disculpa, un sincero perdón y el compromiso, sobre todo, de la no repetición. De que nunca más se reprima a quienes protestan, a quienes luchan por las transformaciones, por los cambios, a quienes no están de acuerdo con el gobierno y deben de contar con todas las garantías para ejercer sus libertades”.

Pero quienes han luchado desde 1968 por hacer justicia y castigar a los responsables de este y otros episodios de violencia estatal respondieron que bienvenida la disculpa del jefe del Ejecutivo, pero esto no equivale a hacer justicia.

Así lo dijo Félix Hernández Gamundi, dirigente del Instituto Político Nacional durante el movimiento estudiantil de 1968 y quien durante el Halconazo estaba preso por los juicios injustos que el gobierno mexicano armó contra los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga.

Quienes han luchado desde 1968 por hacer justicia y castigar a los responsables respondieron que bienvenida la disculpa, pero esto no equivale a hacer justicia

Félix Hernández Gamundi, vocero del Comité 68, recordó que además de exigir justicia por la masacre del 2 de octubre de 1968, por el Halconazo del 10 de junio de 1971 y por la Guerra Sucia, en 2001 se presentaron al menos tres denuncias penales formales en contra del ex presidente Luis Echeverría Álvarez y coacusados.

En 2007, el caso del Halconazo llegó a una magistrada de circuito, quien en un primer diagnóstico dio la razón a los demandantes y admitió que se había cometido genocidio por las masacres contra los estudiantes, pero al final en su sentencia se echó para atrás y dijo que solamente se había cometido homicidio calificado y que el delito ya había prescrito, por lo que exoneró a Echeverría. Ante ello, explicó Félix Hernández, se pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso, pero al final ésta se negó por considerarlo no relevante. En los hechos, el Poder Judicial mexicano se negó impartir justicia para las víctimas de estos casos emblemáticos de violencias estatales.

Desde 2007, el Comité 68 llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiendo que la Corte Interamericana lo revisara, pero el Estado mexicano lo ha impedido.

Este recuento muestra que la disculpa ofrecida por el presidente López Obrador es letra muerta si no toma acciones concretas. Por ejemplo, está en manos del Ejecutivo federal pedir a la Fiscalía General de la República que investigue de nuevo las denuncias o está en manos del presidente pedirle a la cancillería mexicana que colabore con la CIDH para tomar en cuenta la denuncia de las víctimas.

Mientras no se haga justicia persistirá la impunidad, y mientras haya impunidad, las acciones represivas del Estado (torturas, detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales) se repiten en el presente. No es cierto que ya no se reprima a quienes se manifiestan, como dijo López Obrador. Ahí está la represión contra los normalistas o las desapariciones y asesinatos en contra de dirigentes de la tribu yaqui como ejemplos que contradicen las afirmaciones del presidente. 

López Obrador puede pasar a la historia como el mandatario que promovió la justicia contra las víctimas de los principales hechos represivos del Estado mexicano, o como otro presidente que propició la impunidad para los responsables de estos crímenes, y por lo tanto, prolongaron las violencias estatales contra la sociedad mexicana.

rubenmartinmartin@gmail.com

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