Mientras la batalla electoral entre la clase política profesional acapara la mayoría de portadas y tiempo aire de los medios masivos de comunicación en México, de manera soterrada, casi escondida, ocurre otra batalla en la que cientos o miles son perseguidos y criminalizados y, lamentablemente, algunos incluso pierden la vida. Se trata de la batalla que dan cotidianamente pueblos y comunidades que defienden el territorio que es disputado y apetecido para incorporarlos a distintas dinámicas de acumulación de capital.El año pasado se asesinó a 177 personas por defender el territorio en todo el mundo, pero 88 por ciento del los asesinatos ocurrieron en países de América Latina, de acuerdo al informe “Siempre en pie: Personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la crisis climática”, que presenta la organización no gubernamental Global Witness.La clasificación mundial de defensores asesinados el año pasado la encabeza Colombia con 60 casos, casi el doble de asesinatos que en 2021, cuando perdieron la vida 33 personas. Brasil es el segundo lugar en este ominoso listado: 34 personas perdieron la vida el año pasado. México ocupó el tercer lugar con 31 asesinatos, muchos menos que los 54 homicidios registrados en 2021. Desde que comenzó a llevar este registro anual, Global Witness ha registrado 1,910 personas asesinadas. La organización no gubernamental insiste que el registro no es completo, pues existen muchos casos no denunciados y no reportados. En esta década, de 2012 a 2022, tres países de América Latina concentran las víctimas mortales por defender su tierra, bienes comunes, idioma y cultura. Con 1,335 defensores asesinados, América Latina concentra siete de cada diez casos ocurridos en el mundo. Colombia ocupa el primer lugar mundial con 382 casos que representan 20 por ciento del total mundial, y apenas debajo Brasil con 376 asesinatos, el 19.68 por ciento de todo el mundo. México registra 185 defensores del territorio asesinados desde 2012, con casi el 10 por ciento mundial.Aunque Global Witness señala que las causas de estos crímenes son múltiples, por lo regular están asociados a proyectos de inversión, privada o púbica, de las industrias extractivas. Los asesinatos ocurren en medio de proyectos de acumulación de capital de actividades extractivas, como la agroindustria, minería y explotaciones forestales. Justo sobre la estrategias no letales de agresiones a defensores del territorio, Amnistía Internacional México acaba de publicar su informe “México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente”, en el que afirma que “Las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos”. Concretamente, Amnistía Internacional documentó cuatro casos en los que los defensores del territorio son criminalizados mediante la aplicación de tipos penales deliberadamente confusos, que son utilizados por empresas o gobiernos para intimidar, reprimir y criminalizar a quienes atentan en contra sus medios de reproducción de vida.Jalisco no es ajeno a este contexto de violencia asociado a la defensa del territorio como pueden atestiguar los pueblos indígenas wixárika, nahua, coca o tepehuano, pues todos son acosados y criminalizados por defender su tierra, bienes comunes y cultura, además de organizaciones que desde entornos urbanos defienden también bosques, parques o colonias de proyectos inmobiliarios o megaproyectos estatales o privados. Las luchas de los defensores del territorio defienden no solo la vida en su entorno. Arriesgan sus vidas para defender la vida para todos. No dejemos que siga esta guerra contra los defensores. rubenmartinmartin@gmail.com
