Los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitieron el miércoles 15 de enero un fallo favorable para los pobladores afectados por el derrame en el Río Sonora ocurrido en agosto de 2014. Un fallo que podría sentar precedentes jurídicos para limitar o evitar los abusos corporativos que son moneda corriente por todo el país.Los abusos corporativos los padecemos cotidianamente como consumidores, desde recibir llamadas de bancos a los que no autorizamos nuestro número telefónico, con habituales cobros por servicios no solicitados, onerosas comisiones por todo tipo de servicios o tarifas más altas que en otras naciones. Eso es algo común, tolerado y permitido por el Estado, lo que equivale a aumento de ganancias para los corporativos privados.Pero junto a estos abusos cometidos cotidianamente, hay otro tipo que regularmente tiene que ver con el despojo de tierras y de bienes comunes a pueblos y comunidades, y el abuso corporativo se magnifica por las graves afectaciones cotidianas a los habitantes de esos entornos.Son el tipo de abusos que por lo regular padecen las comunidades que viven cerca de una explotación minera. Eso fue lo que les ocurrió a los pobladores en Sonora.El 6 de agosto de 2014 ocurrió el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, y fue responsabilidad de unas de las grandes corporaciones privadas del país: Grupo México.Su mina Buenavista del Cobre derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi. El derrame provocó afectaciones a más de 22 mil personas de siete municipios situados en las orillas de los ríos mencionados. El Grupo México dijo que el derrame fue un accidente, al romperse un dique de una presa de jales, parte de las instalaciones de la mina, una de las más ricas del país.Tras las presiones de la población afectada, el Grupo México acordó con el Gobierno de Enrique Peña Nieto la creación de un fideicomiso con un fondo de dos mil millones de pesos para resarcir la salud y el medio ambiente de la población afectada.Pero hubo notables irregularidades en el manejo del fideicomiso, del que apenas se gastó poco más de 60% de los recursos: mil 231 millones de pesos, según han analizado los Comités de Cuenca del Río Sonora (la organización de los afectados) y la sociedad civil Poder, que acompaña legalmente a los pobladores.En total opacidad, sin consultar a los afectados y sin terminar de resarcir los daños, el fideicomiso cerró en febrero de 2017, dos años y medio después del derrame de ácidos a los ríos Sonora y Bacanuchi.Si bien una parte de los fondos del fideicomiso se entregó directamente a los afectados, la reparación de la salud y del medio ambiente afectado está lejos de cumplirse.Por eso, los pobladores interpusieron amparos para exigir que el fideicomiso se reabra y, especialmente, que la Corte obligue a este corporativo poderoso, Grupo México, a que se haga cargo de los daños causados y los repare integralmente.No es problema de recursos económicos, sino de abuso corporativo. El dueño principal de Grupo México, Germán Larrea Mota de Velasco, es el segundo hombre más rico de México, con una fortuna de 13 mil 300 millones de dólares (unos 259 mil millones de pesos).La sentencia de la Corte a favor de los afectados por el derrame de la mina Buenavista del Cobre debe ser una sentencia que contribuya a poner fin a los abusos que corporativos como Grupo México están acostumbrados a cometer.Y a esa sentencia deberían seguir otras, para poner fin a los otros abusos corporativos que cotidianamente afectan a millones de mexicanos.
