Arnulfo Villaseñor Saavedra fue un destacado político formado en la era dorada del PRI, que llegó a ocupar varios cargos públicos, entre ellos senador por Jalisco y presidente municipal de Guadalajara. Tras las explosiones del 22 de abril de 1992, la inconformidad de la sociedad tapatía presionó al gobernador, Guillermo Cosío Vidaurri a solicitar licencia, por lo que el Congreso del Estado designó como gobernador interino a Carlos Rivera Aceves. En su gobierno de transición, Rivera Aceves llamó a Arnulfo Villaseñor a ocupar la secretaría de Finanzas. Villaseñor Saavedra tenía fama de ser un administrador honesto y escrupuloso, y se le recuerda su paso como presidente por ser el alcalde tapatío que más reserva de tierras sumó al patrimonio municipal, entre estos los terrenos que se compraron para ser destinados a un gran parque público en los linderos de la Calzada Independencia y Periférico, el predio que sucesivos gobiernos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano privatizaron para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario. A don Arnulfo le gustaba recordar que durante su administración como presidente municipal de Guadalajara (1980-1982) se planeó, construyó y se terminó la avenida Lázaro Cárdenas, una de las arterias más importantes de la zona metropolitana. La obra se hizo solamente con recursos del gobierno municipal, sin aportaciones estatales y federales, y además sin contratar deuda pública. Pero conforme fue penetrando el programa neoliberal en el país, los gobiernos de todos los partidos fueron entregando parcelas de los servicios públicos y de la construcción de obra pública a la iniciativa privada.Casi con seguridad, un gobierno actual, de cualquier partido, que emprendiera una obra semejante a la avenida Lázaro Cárdenas asumiría que tendría que contratar una deuda de miles de millones de pesos para financiarla. Cada vez más los gobiernos de Jalisco asumen que ejercer el gobierno y sus responsabilidades de dotar de servicios y obras públicas tienen qué hacerse mediante la contratación de deuda, la subrogación de contratos o de plano la privatización de las funciones que corresponde al poder público.Los ejemplos sobran. El panista Alberto Cárdenas Jiménez pretendía “resolver” el problema de abasto de agua para la zona metropolitana mediante la contratación de un millonario crédito con un banco japonés. El gobierno del panista Emilio González Márquez aumentó la contratación de deuda pública para financiar desde los Juegos Panamericanos hasta funciones básicas de gobierno como los servicios generales. El priista Aristóteles Sandoval Díaz contrató deuda para remozar el pavimento de la Glorieta Minerva y renovar el pavimento de una parte de Enrique Díaz de León. Pero quizá sea el gobierno naranja de Enrique Alfaro Ramírez quien más ha echado mano de la privatización de las funciones de gobierno. Ejemplos: el programa A Toda Máquina, la ampliación de la planta de tratamiento de El Ahogado, el mantenimiento de carreteras, o la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero. Un buen ejemplo es el programa de verificación responsable, que bajo la justificación de limpiar o mejorar el aire que respiramos en la Zona Metropolitana de Guadalajara pretende obligar a todos los propietarios de automotores a llevar el vehículo a un centro privado donde se cobra una cuota, cuyo monto no se destina por completo a fondos verdes, sino a empresas privadas a quienes se les garantizan ganancias con independencia de si el aire de la metrópoli mejora o no. Inicialmente en el contrato se acordó que se pagarían a la empresa proveedora de tecnología Worldwide Environmental Products (WEP) 99 pesos por cada verificación, monto que subió a 175 pesos porque las metas de autos verificados no se han cumplido, según explicó en una nota reciente Ilse Martínez en el diario NTR (https://cutt.ly/reWvix7A). En el primer semestre de este año, por cada verificación (con costo de 500 pesos), la empresa proveedora de tecnología y los centros de verificación se llevan 425 pesos y al fondo verde el resto del pago. Al respecto, la diputada de Futuro, Susana de la Rosa Hernández, dijo: “Esto significa que el 85 por ciento de cada verificación se otorga a las empresas amigas del gobernador y el 15 por ciento restante se va a proyectos verdes”. Este programa es un ejemplo claro de las tendencias privatizadoras del actual gobierno. Una tendencia que deber ser revertida por las siguientes administraciones y denunciada y repudiada desde la sociedad.
