En el gobierno de la autollamada cuarta transformación todavía festinaban el acierto de haber logrado la firma del protocolo modificatorio del T-MEC que se dio apenas el martes pasado, cuando vino el balde de agua fría que siginifcó una serie de agregados que de manera unilateral incluyó el gobierno estadounidense en el documento y que se dieron a conocer el fin de semana.Con letras chiquitas o no, finalmente los demócratas se impusieron en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y modificaron los términos pactados en Palacio Nacional por la viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, el representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el subsecretario para América del Norte del gobierno mexicano, Jesús Seade.Los cambios más radicales aparecen en las páginas 192 y 200 en el apartado laboral, donde se habla de supervisar que el gobierno mexicano cumpla con la asignación presupuestal suficiente para el cumplimiento de la reforma laboral en los cuatro años pactados. No sólo eso, fijan los montos que deben destinarse cada año: 176 millones de dólares (mdd) en 2021, 325 mdd en 2022, y 328 mdd en 2023. Exigen además que personal de la Embajada y los Consulados de Estados Unidos se integren a los “comités” que supervisen el cumplimiento de Reforma Laboral haciendo un reporte trimestral.Esto sin duda vuelve a poner en riesgo este acuerdo comercial trilateral, y de entrada vuelve a generar incertidumbre que podría seguir afectando a la economía del país, porque esta intervención extranjera para inspeccionar al gobierno, empresarios y sindicatos mexicanos había sido rechazado a lo largo de las negociaciones.Por otro lado, esta insistencia del partido demócrata refleja la desconfianza de amplios sectores de la clase política estadounidense de que el gobierno mexicano cumpla con los compromisos, especialmente los que tienen que ver con la Reforma Laboral. Lo que tambien habrá que decir es que esta desconfianza la han expresado actores del ámbito laboral en México, sobre todo por lo ocurrido en la muy mala implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal, pese a los multimillonarios presupuestos que se destinaron para este fin.Seade Kuri ya salió a decir que México no está de acuerdo con “esta disposición” fruto de decisiones políticas del Congreso y el gobierno de Estados Unidos, y que ya envió una carta al respecto al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer.El reto de Seade y del gobierno mexicano es que efectivamente se hagan valer los términos originales de lo negociado, no los “extras” ni los “mecanismos adicionales” incluidos de forma unilateral por los representantes de Estados Unidos, con los que nos quieren dar gato por liebre en el T-MEC.jbarrera4r@gmail.com
