La Secretaría de la Defensa Nacional es uno de los grandes ganadores en el reparto del pastel de los recursos públicos en el sexenio de López Obrador. En el 2018 tuvo un presupuesto de 81,021 millones de pesos. Seis años después, para el 2024 tendrá 259,433 millones de pesos. En términos nominales, tiene un poco más de tres veces presupuesto que al comenzar el sexenio. Si descontamos la inflación, el incremento ha sido de 121 por ciento.La Secretaría de Marina también es ganadora, porque puede contar una historia de avances presupuestales, aunque no tan significativos como los de la Defensa. En Semar comenzaron el sexenio con 31,305 millones de pesos y terminarán con 71,888 millones de pesos. En seis años crecieron 2.5 veces sus recursos. Si descontamos la inflación, el incremento fue de 63.8 por ciento.Con estos datos, ¿podemos afirmar que estamos ante una militarización del presupuesto? Sería mejor, quizá, plantearlo de otro modo: la militarización se refleja en la asignación de los recursos públicos. Entre el 2018 y el 2021 se le han transferido 117 tareas que correspondían a otras dependencias o autoridades, de acuerdo con una investigación del Programa de Política de Drogas del CIDE. Sólo para poner las cosas en perspectiva, esta transferencia de responsabilidades no comenzó en este sexenio, sino en el 2007 cuando Felipe Calderón era Presidente. Lo que sí ha habido en la administración lopezobradorista es una intensificación de la tendencia. Entre 2007 y 2017 fueron 117, un promedio de 11.7 por año. Del 2018 al 2021 el promedio anual fue de 29.¿Qué quiere decir transferencia de responsabilidades? Ahí tenemos tareas como la Administración de Aduanas, la operación de hoteles, aeropuertos y aerolíneas y el reparto de los libros de texto gratuitos. Sin duda, uno de los casos más emblemáticos es la construcción de la infraestructura. Por ejemplo, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En el 2024, una quinta parte del gasto de inversión en infraestructura será ejecutado por las Fuerzas Armadas. De los 888,803 millones de pesos que contempla el presupuesto federal para ese rubro, 20% será gasto militarizado, de acuerdo con un trabajo realizado por México Evalúa. En el 2018, en esa misma “categoría”, sólo estaban tres de cada 100 pesos que correspondía a la inversión en infraestructura.Las Fuerzas Armadas se han convertido en un agente económico relevante. Serían el segundo o tercer mayor grupo empresarial de México, por el valor de los activos que están en sus manos. Sólo Carlos Slim y Germán Larrea tienen más recursos en su cartera. Los militares son constructores y empresarios, aunque no funcionan con las reglas de las empresas del sector privado, en la medida en que tienen acceso al pastel del Presupuesto de Egresos de la Federación. Es muy pronto para decir qué tan eficaces son en la operación de las empresas que tienen a su cargo.Lo que sí, es que se han vuelto más eficientes en el momento de pugnar por los recursos públicos en el presupuesto. En 2024, uno de los años más complicados presupuestalmente, fue cuando consiguieron el mayor incremento de recursos. La Sedena pasó de 111,911 millones en el 2023 a los 259,433 millones referidos líneas arriba. La Semar tendrá 71,888 millones, muy por encima de los 41,878 millones del 2023. En este “cabildeo” exitoso por recursos, destacan los 22,729 millones que obtuvo la Sedena para sus empresas de transporte. El grupo Olmeca-Maya-Mexica tendrá 15,172 millones de pesos para el 2024.¿Qué sigue? Empresarios como Braulio Arsuaga, del Consejo Nacional de Empresas Turísticas han alzado la voz para demandar que el sector turismo se “desmilitarice”. No hubo respuesta inmediata al llamado del presidente del CNET, pero podemos dar por hecho que estamos ante un caso de elefante en la habitación. El papel de las Fuerzas Armadas como constructores será menor en el próximo sexenio, en la medida en que concluyan las llamadas obras emblemáticas. En sentido contrario, veremos crecer su rol como gestores o administradores de empresas. En la medida en que se trata de recursos y activos públicos, tenemos derecho a esperar/exigir eficacia, transparencia en la rendición de cuentas y rentabilidad social de las empresas y actividades “militarizadas”. ¿Lo conseguiremos? ¿Tendrán respuestas Arsuaga y los que piensan como él?lmgonzalez@eleconomista.com.mx
