El sábado pasado, el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) en Jalisco convocaron a un foro para discutir el presupuesto 2019 para el combate a la corrupción y la impunidad, que llamaron Hackatón.El objetivo es incidir para que en el plan de gasto del próximo año que diseñan en este momento el Gobierno estatal saliente y el entrante, garanticen los recursos económicos para que el SEA y sus operadores no la pasen mendigando el dinero para su funcionamiento como ocurrió este 2018, que fue su año inaugural.Aunque aún no hay cifras definitivas, de los 40 millones destinados en 2018 a todo el SEA, una primer demanda es que el presupuesto crezca al menos a 55 millones sólo para la Secretaría Técnica, y otro tanto igual para las distintas instancias que integran al nuevo modelo anticorrupción, especialmente a la Fiscalía especializada en la materia.La discusión abierta del dinero para el combate a la corrupción y la impunidad, que es junto con la inseguridad y la violencia las dos principales demandas de la población, es sin duda una buena noticia.Sobre todo luego de que el propio Observatorio del SEA, en su segundo informe que presentó el mes pasado, denunció manejos poco claros que se hicieron durante el 2016 y el 2017 de la partida presupuestal 7991, de 60 millones de pesos.Pidieron, por ejemplo, al Gobierno estatal aclarar el pago en 2017 de dos millones 470 mil 502 pesos por la asesoría de 15 abogados; otros de dos millones 470 mil 502 por concepto de consultorías para la implementación del “proyecto de la planeación integral del Sistema Nacional Anticorrupción del Estado de Jalisco”; y otro por cuatro millones 795 mil pesos de un “Software para red: Infraestructura en la nube para Entrega Recepción Constitucional”.Por estas dudas, hace dos semanas nos preguntamos aquí si en la contratación de una de estas consultorías influyó María de los Ángeles Fromow, ex fiscal electoral y ex Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.Bueno, pues fue la misma ex funcionaria y hoy consultora la que confirmó a esta columna que efectivamente participó en el diseño del SEA, subcontratada por la empresa META, a la que pagó el Gobierno estatal. La descripción del proyecto plantea “el servicio de consultoría para contribuir a la adecuada instrumentación e implementación del SEA a través de una planeación estratégica que asegure el uso eficiente de los recursos y el adecuado funcionamiento del mismo por medio de la coordinación interinstitucional de los operadores del SEA”.Habrá que ver si este insumo plantea alguna propuesta de gasto para el SEA que pueda ayudar al próximo Hackatón. Veremos.
