Casi inadvertido pasó el anuncio de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que “se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas”, el pasado 21 de octubre.Dichas modificaciones fueron aprobadas por los senadores el pasado 29 de septiembre por una extraña unanimidad que hizo a los legisladores de todas las fracciones parlamentarias coincidir en la necesidad de poner fin a la virtual privatización de las playas públicas de México.La iniciativa fue promovida por el senador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Luis Pech Várguez, de Quintana Roo, y avalada por senadores de ese mismo partido de los estados costeros del país: Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Nayarit, Campeche, Veracruz, Colima, Oaxaca, Michoacán y por el senador por Jalisco, Antonio Cárdenas. Las modificaciones a la Ley establecen multas de hasta 49 mil dólares para los hoteles, restaurantes u otros dueños de propiedades que restrinjan el acceso a las playas que por ley son públicas y de acceso a universal a toda la población.Pero la realidad contravenía la ley en muchos casos por todas las costas del país. El impulso a la industria turística en los pasados 50 años, promovida por el gobierno federal y entregando a los particulares mediante concesiones, terminó privatizando una mayoría de las playas de México.La geografía privilegió a México con destinos de costa tanto en el océano Pacífico, como por el Golfo de México. En total el país cuenta con más 474 millones de metros cuadrados de costa, de los cuales 32.2 por ciento (153 kilómetros cuadrados) estaban entregados a particulares mediante concesiones y desincorporaciones, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), conseguidos mediante solicitud de transparencia para un reportaje sobre el tema publicado por Georgina Zerega (El País, abril de 2019, https://bit.ly/35rWMx8). En Jalisco, en tanto, la privatización virtual de playas mediante las concesiones abarca los cinco municipios costeros: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán. El gobierno federal, a través de Semarnat, ha entregado 651 concesiones a particulares con una extensión de 350.8 hectáreas. Y se sabe incluso quiénes son las corporaciones que tienen más terreno concesionado para explotaciones habitacionales, turísticas, o de servicios: Promotora Turística Las Velas, el banco BBVA Bancomer, la empresa Desarrollos Alfa Omega y la Constructora y Bienes del Pacífico, según publicó Luis Herrera en Reporte Índigo en octubre de 2017 (https://bit.ly/2HkK77d).No se trata de simples y pacíficos negocios. El virtual despojo de playas a pobladores, pescadores y productores locales para entregárselas a empresas que emprenden lucrativos negocios turísticos o inmobiliarios ha desplazado a miles de pobladores de sus hábitats tradicionales y les ha destruido sus medios de reproducción de la vida de forma irreparable en muchas ocasiones. Y estos conflictos, por desgracia, se tornan violentos y muchas veces propician encarcelamientos, desplazados, represión, desalojos, y hasta desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Aquí en Jalisco, tres pescadores de Cruz de Loreto, Tomatlán, están desaparecidos desde 2011 por denunciar la privatización de sus playas. Y un activista que denunció que 28 de 32 las playas de Jalisco estaban privatizadas, Salvador Magaña, fue asesinado el 26 de diciembre de 2017 en su municipio natal de La Huerta. Conflictos por despojo de playas se repiten a lo largo y ancho del país. Las modificaciones recién aprobadas no van a frenar por completo el despojo de costas del país ni repararán los atropellos contra miles de pueblos y comunidades. Será un primer paso por la restitución completa y justa de las playas a todos los mexicanos, y a las comunidades y pueblos que las han habitado y conservado a la que vez que reproducen su vida en esos paraísos marítimos.rubenmartinmartin@gmail.com
