Señalaba el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción desde su cuarto informe, que presentó el 10 de enero de este año, que una vez cubiertos los requerimientos materiales básicos para el funcionamiento de las instancias que lo componen, especialmente las de nueva creación, como la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Social, era ya el momento de mejorar su coordinación y colaboración para operar como un verdadero sistema.A juzgar por la evaluación que sobre este mismo punto hizo el Observatorio en su quinto informe, el más reciente presentado el lunes de la semana pasada, el SEA avanzó poco en ese objetivo. En el apartado sobre la Coordinación del Sistema advertían ya de la falta de comunicación entre el Comité de Participación Social y el Órgano de Gobierno del Sistema que se reflejó con la cancelación del nombramiento de los titulares de cuatro direcciones de la Secretaría Ejecutiva, que encabeza Aimeé Figueroa, y a quien siguen cuestionando la discrecionalidad con la que ha nombrado al director de informática y de comunicación, que vienen de ser funcionarios de la Universidad de Guadalajara. Estos diferendos, advierte el Observatorio, han provocado la repetición de los procesos de selección y retrasos de hasta seis meses en programas y acciones del SEA. Concluyen que en general, las dependencias que constituyen el SEA deberían instalar mesas de trabajo permanentes para darle fluidez a su tarea.Pues, bien, por lo ocurrido el martes pasado en la más reciente sesión del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, ese trabajo en equipo entre los titulares de las instancias que lo integran (CPS, Fiscalía Anticorrupción, Contraloría Estatal, ITEI, ASEJ, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa) está lejos de ser una realidad.En esa reunión, el punto fuerte fue la primera relatoría sobre la revisión acordada el 8 de abril a la Licitación Pública Local LPL 01/2019 llevada a cabo por la Secretaría de Administración del gobierno estatal, popularmente conocida como A Toda Máquina, por más de 3 mil 600 millones de pesos y que ha sido duramente cuestionada por lo discrecional de la convocatoria y otras presuntas irregularidades en la licitación, que son del dominio público.El compromiso era que cada dependencia integrante del SEA llegara con un informe de lo realizado, y resultó que lo único que ahí se escuchó fue el reporte que ya se había conocido de la Contraloría y la responsabilidad que se les busca fincar a tres funcionarios. Nada de la Auditoría Superior, cuyo titular Jorge Ortíz, insiste en no entrarle al tema hasta que toque la revisión de la cuenta pública, y nada de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular, Gerardo de la Cruz, ni siquiera se presentó.Si la semana pasada comentamos que la revisión de esta licitación significaba toda una prueba para los integrantes del SEA y su credibilidad, la falta de cohesión e interés mostrada en este caso es una muy preocupante señal de que se repita y caigamos a la simulación de siempre. Urge pues el SEA 2.0 que no deje la coordinación a voluntad sino que sea una obligación por sistema como se plantea en la propuesta del Pacto por la Integridad. Focos rojos en el SEA.jbarrera4r@gmail.com
