Hay que distinguir entre el fiscal general de la República y el fiscal general Anticorrupción. El puesto al que el procurador general de la República, Raúl Cervantes, (el del Ferrari), no llegó, es el de fiscal general de la República, al que estaba programado por Peña Nieto para que en forma automática el procurador general de la Republica pasara a ocupar, en virtud de un artículo transitorio, lo cual se frustró al renunciar el Lic. Raúl Cervantes a la Procuraduría “para que no detengan las leyes que urgen”, según manifestó pero que, en realidad, renunció porque le detectaron un ostentoso automóvil Ferrari con valor de más de cuatro millones de pesos. Pero eso no era lo grave, sino que lo tenía registrado en un domicilio apócrifo en el Estado de Morelos para no pagar Tenencia, que es bastante onerosa. La noticia se volvió viral y tuvieron que echar reversa porque, cómo se puede designar fiscal general de la República a alguien que elude el pago de impuestos, siendo que es el encargado de vigilar el cumplimiento de las leyes y la impartición de la justicia.El Presidente Peña Nieto declaró, aunque después se desdijo, que recomendaba al Senado que el nombramiento de fiscal general de la República se pospusiera hasta después de las elecciones de 2018. El primer fiscal debería ser electo mediante un proceso en el que participe la sociedad civil. Eliminar el pase automático de procurador a fiscal no es suficiente, se debe establecer un método igual al que está legislado para seleccionar al fiscal Anticorrupción. Un método de elección pública y transparente para que llegue la persona ideal que no tenga tachas ni manchas en su honorabilidad, además de la capacidad técnica para el puesto, tan importante para restablecer la confianza en el Gobierno que se ha perdido en este sexenio más que antes.Para nombrar al fiscal general Anticorrupción se requiere la intervención de: Un Comité Coordinador, un Comité de Participación Ciudadana y un Secretariado Técnico. El Comité Coordinador estará formado por: Un representante del Comité de Participación Ciudadana, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) que es un órgano de transparencia, y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio, con experiencia de cinco años por lo menos en materia de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas, con total independencia de los partidos políticos, que no han participado en órganos políticos ni candidatura en los últimos cinco años y con conocimientos de administración pública. Se procurará la equidad de género. Los integrantes serán seleccionados por un comité integrado por 10 mexicanos nombrados por los seis titulares de los seis organismos que integran el Comité Coordinador.Actualmente es el Senado quien deberá nombrar al fiscal Anticorrupción; pero, se requiere que sea el Comité de Participación Ciudadana quien proponga la terna, para evitar la influencia de los partidos políticos.
