Más que lamentar ooootra vez las inagotables muestras de pudrición de la Legislatura LXII, de mayoría naranja, que con la imposición de ayer revivió nuevamente el vergonzoso capítulo del atraco que de madrugada cometieron al Consejo de la Judicatura el viernes 19 de junio pasado, lo que hoy debemos celebrar es que el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que encabeza Lucía Almaraz, se ha convertido en una instancia incómoda a los poderes del Estado por estar cumpliendo su obligación de escrutarlos, interpelarlos y denunciar las irregularidades en las que incurren.Esa actitud legitima a los integrantes del CPS para convertirse en el motor que mueva por fin un SEA en el que muchas dependencias que lo integran siguen con una actitud medrosa e indiferente para cumplir con rigor su función. Si bien, por ejemplo, la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) ya despertó al poner en marcha una auditoría especial a los gastos del gobierno estatal por la pandemia del coronavirus, la Fiscalía Anticorrupción está a prueba con el expediente de las desapariciones forzadas que hicieron agentes de la Fiscalía del Estado el 5 de junio por el caso Giovanni; el Poder Judicial y el Tribunal Administrativo guardaron absoluto silencio en el abuso de la Judicatura; y el Instituto de Transparencia (Itei) y la Contraloría del Estado han pasado sin pena ni gloria en la operación de este sistema.El actuar de las y los integrantes del CPS desde luego ha despertado la furia de muchos liderazgos de nuestra clase política y gubernamental, que les molesta perder su manto de impunidad, y han buscado la forma de intimidarlos con amenazas de hacer reformas para convertir en honoríficos sus cargos y dejarles de pagar, e incluso recurriendo a amenazas personales y difamaciones.La más visible embestida de este tipo, que no la única (han tenido también mensajes del Poder Ejecutivo y del Judicial) vino el lunes desde la Junta de Coordinación Política del Congreso local, en la que dominan las determinaciones del diputado Salvador Caro, coordinador de la fracción del partido Movimiento Ciudadano, y sus incondicionales del PAN, Gustavo Macías, el perredista Gerardo Quirino, y Angélica Fregoso, del Verde, al circular un acuerdo legislativo lleno de descalificaciones e insinuaciones sin pruebas al actuar del CPS y sus integrantes en una clara venganza y acto intimidatorio por las críticas que les hicieron al viciado proceso de selección de las consejeras y el consejero de la Judicatura. Tan inconsistentes eran los términos del acuerdo que no lo respaldaron la diputada priista Mariana Fernández, Érika Pérez, de Morena, y Óscar Herrera, del PT. Era tan burdo ese primer acuerdo, que ayer llevaron al pleno una versión matizada pero que igual condenaba la libertad de expresión y de crítica del CPS. Esto lo hicieron notar en contundentes intervenciones la diputada emecista Mara Robles y el perredista Enrique Velázquez, que en su momento también condenaron y votaron en contra del desaseado proceso de elección de las y los consejeros. Pero en la LXII Legislatura no hay debate parlamentario de altura, hay imposiciones y diputados y diputadas que en su mayoría están ahí sólo para acatar la línea. El acuerdo se impuso y el Congreso local de mayoría naranja se volvió a disparar al pie y dio otra cavada a su desprestigio. Por todo ello, es momento de arropar y proteger como comunidad la labor del CPS, para que no recule en su papel y sea cada día más incómodo al poder.jbarrera4r@gmail.com
