Todo comenzó en los años setenta cuando Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, declaró la “Guerra contra las Drogas”. En ese momento, por primera vez, las Fuerzas Armadas de México comenzaron a involucrarse formalmente en tareas de seguridad pública enfocadas en el combate al narcotráfico. Sin embargo, hasta finales de los ochenta inició lo que podríamos llamar la militarización formal de la seguridad pública cuando Carlos Salinas de Gortari declaró al narcotráfico un problema de seguridad nacional. En esa década dominaba el capo Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes, y Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, quienes fundaron el mítico cártel de Guadalajara. A partir de Salinas de Gortari, cada Presidente aportó su granito de arena para convertir a los militares, cada vez más, en el centro de la estrategia contra el narco. Con una frecuencia cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en operativos contra el trasiego de drogas, Ernesto Zedillo creó el Consejo Nacional de Seguridad Pública e integró a militares, no sin controversias ante la Corte por el uso del Ejército en tiempos de paz. En el sexenio de Vicente Fox, la participación de los soldados continuó de manera significativa. Asignó un militar al frente de la entonces PGR e impulsó la Ley de Seguridad Nacional. A partir de este marco legal, se permitió que el Ejército y la Marina persiguieran delitos contra la salud y a miembros de la delincuencia organizada. Y entonces llegó Felipe Calderón que, a diferencia de sus antecesores, lanzó su “guerra contra el narcotráfico”, estableció operativos permanentes de las Fuerzas Armadas en el país y lo plasmó en su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Calderón intentó pasar una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que ampliaba las facultades del Ejército para actuar en tareas de seguridad. Sin embargo, fue desechada en la Cámara Alta. Con el mismo propósito, Enrique Peña Nieto logró que los legisladores le aprobaran su Ley de Seguridad Interior, pero la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos la impugnaron ante la Corte, la cual la declaró inconstitucional. Todos los Presidentes desde Salinas han ampliado la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. En esto Andrés Manuel López Obrador es exactamente igual a sus antecesores. La reciente reforma para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, y la ampliación de la presencia de los militares en las calles hasta 2028, no tiene nada de “transformador” ni novedoso. Por el contrario, AMLO abraza el sueño de todos los mandatarios, particularmente de Calderón, para legitimar una estrategia militar de resultados cuestionables. En 2007 México tenía una tasa de 8 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más baja desde 1990. Hoy tenemos una tasa de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes. A mediados del sexenio de Peña, cuando los militares se replegaron a los cuarteles, la violencia homicida descendió. Con más militares en las calles, ¿alguien espera un resultado diferente después de cinco sexenios? Es simbólico el momento en que Miguel Ángel Félix Gallardo deja la prisión para continuar en arresto domiciliario. Justo en este momento en que, como la serpiente que se muerde la cola, todo termina para volver a comenzar.
