El tránsito de los gobiernos de la transición al obradorato en 2018 fue un paso hacia una mayor degradación moral. Curioso -pero no tan curioso-, tratándose de un régimen cuya única razón para arribar al poder era su reclamo de superioridad ética.Desde el principio de su mandato el oficialismo demostró que no venían a liderar al país a partir de la honestidad, el decoro y la rectitud. Nada de eso fue y es cierto. Los escándalos de corrupción y de comportamiento indecente han pululado como pocas veces en nuestra historia reciente. Una y otra vez, miembros de la familia del presidente, amigos cercanos a él y varios de sus funcionarios leales han sido descubiertos realizando actividades ilícitas o inmorales.No salimos de una noticia escandalosa relacionada con algún miembro del régimen cuando nos enteramos de una aún más exorbitante. En varias ocasiones, López Obrador ha dicho que una victoria de sus oponentes es moralmente imposible. Con el despliegue de su administración nos hemos dado cuenta de algo todavía más atroz: un régimen donde lo más inmoral ha sido posible.A la falta de integridad se ha sumado la impunidad. Alguna vez dijo Octavio Paz sobre la Unión Soviética que ésta no podía cambiar porque si lo intentaba se desmoronaba. Lo mismo se puede decir del obradorismo: si este aceptara un solo error inmediatamente colapsaría. Hasta ahora la demagogia practicada por el régimen ha podido mantener la ilusión de que todo va bien. Pero tantos errores estratégicos y pifias éticas no se pueden ocultar tan fácilmente.El último episodio de esta zarzuela más trágica que cómica fue el del descubrimiento de que la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México había plagiado su tesis de licenciatura. Sin duda, esto fue una de las causas por la que los legisladores de la oposición impidieron que continuara en su puesto. Nada de esto ha evitado que el régimen le haya ofrecido una senaduría a la fiscal plagiaria. Parecía que el episodio terminaba ahí, pero ahora nos percatamos de algo realmente fársico.Resulta que quien se quedó como encargado de despacho tras la salida de Ernestina Godoy -un tal Ulises Lara-, que se desempeñaba como su vocero, no cumple con el requisito de tener una licenciatura en Derecho, necesario para ocupar el puesto. En lugar de haber declinado la oferta, el susodicho maniobró para que una institución educativa llamada Centro Universitario Cúspide de México le expidiera un título de licenciado en Derecho. Todo lo cual, además de ser un abuso de autoridad, es un insulto para los verdaderos abogados que se esforzaron arduamente en conseguir un título. El problema es que el señor Lara tampoco tiene cinco años de experiencia como abogado, que también es requisito para ocupar el puesto.Lo que dicen ahora sus apologistas es que, finalmente, él podría ocupar una posición administrativa en la Fiscalía para la cual no necesita ser abogado, mientras cumple con las funciones de fiscal.El obradorismo o la farsa política.
