En medio de todos los sobresaltos, las balaceras y los asesinatos que han escalado en las últimas semanas en la Zona Metropolitana de Guadalajara y que muy probablemente harán crecer la percepción de inseguridad de la población pese a la baja en los índices delictivos, han empezado a registrarse los primeros desmentidos de algunos de los funcionarios y ex funcionarios jaliscienses aludidos con presuntos vínculos con el crimen organizado en los documentos confidenciales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que fueron hackeados por el colectivo Guacamaya.El primero fue Pablo Hernández González, actual comisario de la Policía de Guadalajara, y quien según los archivos sustraídos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuando fungió como jefe policial de Zapopan se habría reunido en 2019, junto con Juan José Montes Ortiz, director operativo de la Policía tapatía, con líderes del cártel Nueva Generación, encabezados por Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1”, por la intermediación de un Policía de Guadalajara, identificado sólo como “El tapatío”, y a quien ubican como enlace de esta organización delincuencial con autoridades federales, estatales y municipales.El jefe de la Policía de Guadalajara no sólo negó esta reunión sino ser el que aparecía en las fotografías que el CNI incluía en el expediente.Lo que habrá que decir también es que Hernández González siempre tuvo el apoyo de su jefe, el alcalde Pablo Lemus, quien fue el primero en desestimar el documento del CNI; luego al respaldar su operativo policial del viernes en la balacera de Providencia donde mataron en un restaurante a Salvador Llamas, alto funcionario de Puerto Vallarta, a su ex jefe policial y a uno de los agresores; y al encargar y difundir esta semana un peritaje que niega que el de la foto sea quien ha fungido como su jefe policial tanto en Zapopan como en Guadalajara.El segundo en negar el canto de la Guacamaya fue Daniel Velasco Ramírez, general en retiro. Como se recordará también en documentos del CNI, se asegura que siendo el primer secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, cargo al que renunció en octubre de 2019, habría tenido también contactos con este grupo delincuencial en los que le ofrecieron diversos sobornos.Fuentes de alto nivel de la Sedena me confirman que el martes pasado llegó al despacho del general secretario, Luis Cresencio Sandoval González, una carta en la que el ex secretario de Seguridad de Jalisco niega “categóricamente” todo lo que en su agravio se dice en los documentos del CNI respecto a sus supuestos vínculos “con bandas criminales”.Incluso hace un fuerte reclamo al hecho de que pese a que el Centro Nacional de Inteligencia sea manejado por un militar en retiro, se le permita elaborar información sin sustento. Mañana más detalles de la misiva del general Velasco y su repudio al alimento que encontró la Guacamaya.
