Aún en el marco de una enorme polarización derivada de la determinación del presidente de la República en cuanto a un regreso a clases presenciales a partir del próximo 30 de agosto, se puede percibir una consonancia en la sociedad respecto a la necesidad de que niños y jóvenes regresen a las aulas, siendo el punto de discordia los métodos y condiciones para ello, dado que en el contexto de una pandemia la infraestructura educativa preexistente dista mucho de ser la adecuada; baste mencionar que al menos 46 mil planteles educativos no cuentan con agua potable, otros tantos carecen de drenaje, sanitarios, lavamanos y luz eléctrica, solo por mencionar algunos de los inconvenientes para cumplir con los protocolos de sanidad que deben imperar, quedando la impresión de que están enviando a estudiantes y maestros “a la guerra sin fusil”.“Tenemos que arriesgarnos”, ha dicho desde la comodidad de su palacio a padres de familia y maestros el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien junto a su familia dispone de médicos de cabecera las 24 horas del día. “Tenemos que dar el paso”, fue el exhorto que hizo a los maestros la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, quien no obstante reconoce que las condiciones no son las ideales, a sabiendas de que aún cuando la mayoría están vacunados son susceptibles a un contagio que pondría en peligro su vida debido al alto número de docentes que reportan enfermedades preexistentes como diabetes, obesidad, e hipertensión entre otras. Además, cabe mencionar que el magisterio ha sido el sector más golpeado al registrar alrededor de 5 mil 500 decesos por COVID en lo que va de la pandemia, superando incluso al sector salud en número de fallecimientos.La reapertura de las escuelas se plantea como una acción necesaria para continuar de manera óptima con el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, debe darse en un entorno seguro para alumnas, alumnos y docentes, por lo que el acondicionamiento de los espacios educativos demanda recursos públicos a fin de dotar a los planteles de infraestructura básica sanitaria.Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP), estima que para un regreso seguro a clases se requieren, al menos, 10 mil 376 millones de pesos solo para dotar de lavamanos a 62 mil 629 escuelas que carecen de esta infraestructura sanitaria; sin contar que 48 por ciento no cuenta con drenaje, y a otras tantas les faltan sanitarios.La misma SEP ha reconocido que 46 mil 515 planteles carecen de agua potable, lo que equivale a 23% del total de los institutos a nivel nacional.El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) anunció esta semana que apoyará a México con el diseño de protocolos que permitan el regreso seguro a las clases presenciales, y sin duda se agradece, pero el problema de fondo va más allá de protocolos y buenas intenciones cuando faltan elementos tan básicos como los ya citados, y no hay certeza a cuánto asciende la inversión del Gobierno Federal para remediarlo. La Secretaria de Educación se ha limitado a decir que entregarán recursos a los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE), para que atiendan el problema del agua, que está pidiendo a la CFE otorgue descuentos a planteles que adeudan la luz, que ya consiguió 7 millones de Cubrebocas y que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dotará el gel que se proporcionará a las escuelas más necesitadas. El asunto es que quedan menos de 10 días para el regreso a clases y no se ve cómo se pueda llegar siquiera al paso 1 de los protocolos si lo principal que falta es el agua potable. Lo evidente es que en 18 meses de pandemia no hubo planeación de ningún tipo para permitir un regreso a clases seguro, y ahora, justo en el mayor repunte de la pandemia, cuando esta misma semana se registró el número más alto de contagios por día alcanzando 28 mil 953 el miércoles 18 de agosto, por una ocurrencia más, se pondrá en riesgo la vida de muchos niños, jóvenes y maestros enviándolos “a la guerra sin fusil”.
