Con una tenaz resistencia y mediante diversas medios de lucha, pobladores de El Salto, Juanacatlán, Tonalá y otras poblaciones de Jalisco han denunciado desde hace décadas la gravedad de la contaminación en el río Santiago y la relación que tiene este hecho con las enfermedades que padecen miles de habitantes de las localidades asentadas a un lado del río.Este hecho central, que la contaminación del río produce diversas enfermedades que dañan y a veces matan a cientos o miles de pobladores, ha sido sistemáticamente negadas por los diversos gobiernos, tanto estales como municipales. Lo peor de todo es que han negado la relación de vinculación entre la contaminación y devastación ambiental que existe en el Santiago, a pesar de tener estudios que demuestran y confirman esta relación.A partir de la movilización comunitaria y del uso de recursos jurídicos, la asociación civil Un Salto de Vida dio a conocer en diciembre de 2019, en el llamado Toxi Tour México, que existía un estudio realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que encontró evidencia de que la cercanía con las aguas del río Santiago producía enfermedades graves no sólo en adultos, sino también en niños.El 22 de enero de 2020, el colega periodista José Carlos Toral dio a conocer los detalles de dicho estudio en el medio Líder Informativo. El estudio en cuestión fue encargado por la Comisión Estatal del Agua a la UASLP en requerimiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para dictaminar si era pertinente utilizar agua del río Santiago en el proyecto de la presa de Arcediano que el Gobierno del panista Emilio González Márquez pretendía levantar en la barranca de Huentitán.El estudio fue dirigido por la doctora Gabriela Domínguez y su nombre completo era larguísimo: “Propuesta Metodológica para la implantación de una batería de indicadores de salud que favorezcan el establecimiento de programas de diagnóstico, intervención y vigilancia epidemiológica en las poblaciones ubicadas en la zona de influencia del proyecto de la presa Arcediano en el Estado de Jalisco”.En esta investigación se identificaron escenarios de riesgo sanitario e índices multidimensionales de vulnerabilidad para las comunidades de Puente Grande y Jalisco Secc. II, en Tonalá, El Salto, Juanacatlán, La Cofradía y Jardines de la Barranca, en Guadalajara, durante 2009 y 2010. Se encontraron “problemas generales de salud, alteraciones neuropsicológicas y hematológicas, así como una exposición a agentes tóxicos e infecciosos”.El pasado 6 de junio la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) presentó la recomendación 23/22 dirigida a diversas autoridades, especialmente las de salud en el estado denunciado graves violaciones a los derechos humanos de las poblaciones donde se encontraron estas afectaciones.“El documento reveló incluso que los niños de El Salto, Juanacatlán, La Cofradía y Puente Grande presentaron altos niveles de exposición al plomo, arsénico, cadmio, mercurio, benceno y pesticidas organoclorados. Incluso algunos rebasaron los límites de seguridad biológica para población adulta ocupacionalmente expuesta, así como para población infantil; tal fue el caso del ácido trans mucónico (benceno), el plomo y el arsénico”, estableció la CEDHJ en la recomendación.Entre las principales recomendaciones, la CEDHJ pide diseñar y llevar a cabo campañas de información no sólo en las comunidades referidas sino en 35 municipios por los que atraviesa el río Santiago. Pide también medidas preventivas, así como llevar atención médica y entregar medicamentos a la población afectada.Esta recomendación es importante porque durante más de 10 años las autoridades en turno escondieron a la población datos duros de cómo la contaminación del río los está enfermando y matando.Ahora que el Gobierno del Estado pretende hacer creer que con colectores y plantas de tratamiento, así como la ampliación de la planta de El Ahogado se solucionará el problema de contaminación del río Santiago, vale la pena que lean y cumplan con las recomendaciones que plantea la CEDHJ, que no hace sino recoger las exigencias que los pobladores han hecho públicas desde hace más de dos décadas. Rubén Martínrubenmartinmartin@gmail.com / @rmartinmar
