Años de complicidades y omisiones de los gobiernos en el tema de la seguridad y el combate a las bandas del crimen organizado han sido aprovechados con creces por la delincuencia para aumentar día con día su poder corruptor y de fuego, con el que intimidan y cooptan autoridades carcelarias, elementos y mandos policiales, gobiernos y empresarios, y con lo que también van ganando espacios y respaldo social en comunidades pobres donde reclutan, incluso por la fuerza, a adolescentes y jóvenes. Ese creciente margen de acción le ha permitido al hampa diversificar su actividades ilícitas a parte del cultivo y trasiego de drogas: el cobro de derecho de piso, el asalto, el robo de gasolina, el cobro de cuotas en las aduanas y carreteras, el secuestro, las desapariciones, la invasión de predios valiosos y ahora nos enteramos de cerca, los fraudes vía call centers clandestinos.Esa diversificación criminal les da estratosféricas ganancias con las que compran impunidad y generan terror, no sólo con sus balaceras, sino sobre todo con las privaciones ilegales de la libertad. Expresión delincuencial que tanta zozobra y dolor produce en las familias de las víctimas, por la incertidumbre del paradero de sus seres queridos. Pese a este contexto de desgobierno, es obligación de las autoridades hacer algo para detener a los raptores, y en su caso resolver y rescatar con vida a las personas desaparecidas.En ese frágil punto es donde está parado el Gobierno estatal en el caso de Itzel Abigail y su hermano Carlos David Valladolid Hernández, Arturo Robles Corona, Jesús Alfredo Salazar Ventura, Carlos Benjamín García Cuevas, Mayra Karina Hernández y Jorge “N”, al que se podría unir un joven más del que nada se sabe de su paradero desde el 18 de mayo, según versiones de las familias afectadas.Además de responder a la irritación y exigencia de los padres y parientes que buscan a los suyos y piden que las autoridades agilicen las investigaciones y las acciones de búsqueda para dar con el paradero de las y los jóvenes, por lo que se ha dado a conocer luego de los cateos de la Fiscalía estatal, ahora el clamor es de no criminalizar a sus hijas e hijos desparecidos.Por eso las autoridades deberán tener mucho tacto y hacer mucho más que sólo asegurar que las y los jóvenes desparecidos no trabajaban en un call center sino en un centro de operaciones “de otra naturaleza” y que fueron privados de la libertad de forma violenta. El Gobierno estatal está obligado a investigar y resolver con pruebas, para lo que sin duda ayudaría el Gobierno federal y las investigaciones con las que ha colaborado con el Gobierno de Estados Unidos en las que se habla de la existencia de una red de empresas inmobiliarias mexicanas vinculadas al cártel Nueva Generación, sin que por esta razón se sugiera siquiera que las y los jóvenes desaparecidos sean cómplices de ello.jbarrera4r@gmail.com
