En cierta ocasión, Enrique Alfaro insinuó que había más fosas clandestinas porque ahora sí buscaban a los desaparecidos. Pues ahora llevó esta postura al rango de política pública: más cadáveres exhumados se traducen, para el gobierno, en un indicador positivo. Vale la pena repasar las palabras del mandatario durante el informe de seguridad: “Pudimos volver a levantar, en el consolidado enero-julio, el número de fosas localizadas para completar el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas. Este periodo lleva ya 211 (cadáveres) y vamos a seguir trabajando en esta lógica, que es justamente al revés del resto de los indicadores: entre más personas encontremos, estaremos cumpliendo con una tarea central de la agenda de seguridad” (las cursivas son mías). Bajo esta lógica, la tarea del estado se completa cuando se localiza un cadáver, no cuando se salvaguarda una vida. Significa que al exhumar más cuerpos, se cumple la agenda de seguridad del estado. ¿Bajo qué concepción los muertos son la prioridad de la seguridad pública? Esta visión que comparte el gobernador se replica de forma sistemática y preocupante en su discurso sobre la seguridad. Por ejemplo, cuando declaró que ni toda la capacidad del estado pudo evitar el feminicidio de Luz Raquel, de forma implícita subyace una renuncia a la tarea fundamental del Estado de garantizar la vida, y una rendición a la barbarie. Cuando el gobernador reduce a simple estadística todo el problema de las fosas, evita así una reflexión y comprensión más profunda sobre un dispositivo de violencia atroz. La violencia descarnada se cierne sobre la víctima, pero también sobre sus familias y la sociedad en general con un mensaje de miedo e impunidad (hasta el año pasado sólo había cuatro personas vinculadas a proceso ligadas a estos crímenes). El mandatario no habla, por ejemplo, de los graves rezagos en la identificación forense, por lo que las víctimas sufren una segunda desaparición y sus familias son revictimizadas. En estricto sentido, encuentran cadáveres, pero no identifican personas. También se pasa por alto que una gran cantidad de brigadas de búsqueda son impulsadas por colectivos y ciudadanos. Como ya he señalado, al tratarlos como cifras, el gobierno de Jalisco los omite de sus reportes de homicidios dolosos, una estratagema que aprovechan algunas entidades para reflejar una baja (sólo estadística) en la violencia homicida. En pocas palabras, buscan en fosas, pero no hay una búsqueda en vida, y todavía se vanaglorian por encontrar muertos.
