Son tal la cantidad de agravios, insultos, faltas de respeto, crímenes y corrupciones que la clase política gobernante ha cometido contra la sociedad mexicana, que casi con seguridad una mayoría quisiera que los responsables por estos agravios paguen con juicios justos y penas de cárcel y patrimoniales. Y sin duda, en la lista de responsables de ese imaginario popular de justicia, estaría encabezado por ex presidentes.Por eso, más allá de las lagunas jurídicas, resulta innecesaria y probablemente contraproducente la solicitud de una consulta para enjuiciar a los ex presidentes que ha tenido México de 1988 a la fecha. La noche del pasado martes el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la república, y este a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una solicitud para que en las elecciones intermedias de 2021 se planté una consulta a la sociedad mexicana para decidir si están de acuerdo en juzgar a los ex mandatarios. La pregunta que López Obrador envió al Senado está formulada así: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.En su sano juicio y sin ser del círculo íntimo de estos ex mandatarios, ¿quién se opondría a que se les enjuicie y en caso de encontrarlos culpables, que paguen con cárcel y daño patrimonial sus fechorías o crímenes? Pero el camino seguido por López Obrador y organizaciones afines parece más interesado en obtener titulares y reflectores antes que ir a fondo en la persecución de los delitos cometidos por los ex presidentes. Ahí qué recordar además que la posición actual de López Obrador parece contradecir la postura que mantenía como candidato, como presidente electo y ya como presidente electo: decía que no era partidario de la venganza y que no quería distraerse investigando las corruptelas y anomalías del pasado. Pero algo ocurrió y la postura de López Obrador cambió a un tenaz impulsor de enjuiciar a los ex presidentes. Todo indica que es la coyuntura política, con caída en la popularidad presidencial, con movilizaciones contra su gobierno, por las críticas a su gestión de la pandemia, por los videos filtrados donde aparece su hermano recibiendo dinero para actividades de Morena, o por la articulación de sus adversarios ya sea tras bambalinas impulsando desde videos y bulos, coaliciones electorales, hasta cartas de abajofirmantes. Pero además, un eventual rechazo de la consulta decidida por la Corte, le daría a López Obrador una justificación frente a sus seguidores para no llevar a cabo una consulta de juicio a ex presidentes. Así podría decir: “yo lo intenté, pero otros poderes dicen que no se puede, ni modo”. Y esto puede ocurrir por las eventuales inconsistencias jurídicas de esta solicitud. El mismo día que el presidente envió la petición al Senado, consultados por La Jornada, media docena de expertos jurídicos comentaron las inconsistencias de este procedimiento. El ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cossío, dijo que la justicia no puede estar sometida a consultas populares: “No hay necesidad en modo alguno de abrir un procedimiento de consulta para determinar si las autoridades deben o no cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales. Un proceso judicial debe regularse por razones técnicas basadas en las normas jurídicas y no en el voto popular”, señaló.Y es que razones para juzgar a los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, bastan y sobran.Tras ellos hay una estela de fraudes electorales, compra masiva de votos, desvío de dinero público y privado a campañas, uso discrecional de partidas secretas de presidencia, asesinato de disidentes políticos, proceso legales viciados, privatización de los bienes nacionales a una escala sin precedentes, convertir en deuda pública deuda privada irregular (Fobaproa), masacres contra comunidades, ejecuciones extrajudiciales, aumento de las violencia contra las mujeres, deterioro sostenido y significativo de los servicios públicos esenciales, entrega de los recursos naturales a particulares mediante concesiones, drásticas políticas de reducción salarial, desarrollo urbano en detrimento de la calidad de vida, devastación ambiental, y un periodo de violencia organizada que ha sometido a la mayoría de la sociedad mexicana a una guerra brutal y sanguinaria con más de medio millón de víctimas de asesinatos y desapariciones.Entonces, razones para juzgar a los ex presidentes sobran. No se necesitan una consulta para integrar expedientes sobre cada uno de estos agravios y llevar a los ex mandatarios a prisión y privarlos de sus bienes. rubenmartinmartin@gmail.com / @rmartinmar
