El pasado lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud, que impedían el uso lúdico de la mariguana o cannabis y THC, exhortando al Congreso de la Unión a legislar sobre el consumo recreativo de estas sustancias.Esta resolución, representa un avance significativo sobre la regulación en materia de drogas, pues vuelve a dirigir el debate hacia el autoconsumo, adulto y responsable, sobre una visión que privilegia el mercado y a las corporaciones.Asimismo, los pasos que va dando el cambio de política de drogas, del prohibicionismo al libre desarrollo de la personalidad, va revirtiendo la idea de que las sustancias deben ser un tema de seguridad nacional, hacia una atención en materia de salud pública.Este cambio de concepción y los avances que podamos dar como nación respecto al tratamiento de sustancias hoy consideradas ilícitas, como lo es la mariguana, puede ir cerrando las puertas del modelo de seguridad militarizado iniciado por Felipe Calderón, continuado por Enrique Peña Nieto e institucionalizado por Andrés Manuel López Obrador; justificado por el combate global a las drogas y al narcotráfico, que ha generado cientos de miles de personas asesinadas y decenas de miles de desaparecidas.Además de la lucha contra el terrorismo mundial, no hay una política más intervencionista que el modelo prohibicionista. Basta con revisar los esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico promovidos por los Estados Unidos, que ya cumplió en el presente 50 años de la “guerra contra las drogas” declarada por la administración del presidente Richard Nixon, en los países productores y distribuidores de drogas, como es el caso de México. La Iniciativa Mérida, por ejemplo, ha servido para firmar contratos millonarios con empresas armamentistas estadounidenses, haciendo de la guerra un negocio y un despliegue de agencias de seguridad estadounidenses para mantener su presencia en territorios en los que tienen un interés geopolítico y económico.Dicha estrategia mantiene en la ilegalidad un negocio de miles de millones de dólares. Ilegalidad que permite que se generen enormes márgenes de ganancia para los grupos criminales, recursos económicos que también son utilizados para mantener los altísimos índices de corrupción e impunidad en el país. El gobierno federal, invierte cada año miles de millones de pesos en “combatir el narcotráfico”, materializado en armamento, aumentar las filas castrenses y en perseguir cultivos, en lugar de enfocarlos en prevenir y castigar delitos como el secuestro, la extorsión o la trata de personas.La política de prohibición se mantiene bajo los supuestos del miedo y las apariencias. Miedo ante sustancias como la mariguana que han demostrado diversos beneficios en tratamientos de salud diversos y por medio de la creación de una industria de cientos de productos derivados del cáñamo, un tipo de cannabis, los cuales resultan mucho más beneficiosos que los posibles problemas sociales que genera su consumo. Apariencias, que se construyen a partir de un entramado de mitos que mantienen al cannabis como una sustancia peligrosa en sí misma, en lugar de acercar y difundir información veraz sobre su uso y efectos, para que cada persona en su libertad decida si quiere consumirla o no.Se que el cambio de política prohibicionista no acarreará de manera inmediata una solución al problema de la violencia, pero estoy seguro de que un nuevo modelo de política de drogas ligado a la salud y a la libertad personal, será un paso hacia la paz. Seguro estoy también de que servirá para concentrar los esfuerzos en contener el tráfico de armas, el lavado de dinero y la persecución de delitos como la trata de personas, las extorsiones y en el combate a la corrupción, por encima de la producción y el consumo de sustancias como la mariguana y otras drogas.
