Con la invalidación de la resolución del Tribunal Electoral de Jalisco para recontar los votos de la elección por la alcaldía de Guadalajara que hizo la Sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se entró de lleno a la fase de judicialización del proceso electoral como no ocurría en Jalisco desde la elección estatal del 2000, cunado el priista Jorge Arana impugnó el triunfo electoral del panista Francisco Ramírez Acuña, quien finalmente se quedó con la gubernatura.Son tres las impugnaciones más importantes entre las que desde luego destaca la que hizo la ex candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, en contra de la entrega de la constancia de mayoría de gobernador electo al emecista Pablo Lemus, así como las peticiones de anular la elección municipal de Guadalajara que pide el candidato de la misma alianza, José María Martínez, y la de Tlaquepaque, que pide la ex candidata del partido Movimiento Ciudadano, Citlalli Amaya.Llama la atención que en el caso de la elección Guadalajara haya sido MC, el partido que ganó la elección, el que haya pedido también un recuento de los votos, aún antes que lo sugiriera el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde su mañanera para la elección estatal.Mientras que los del partido naranja sostienen que pidieron el recuento para que se confirmara su triunfo y se desvirtuaran los reclamos de fraude de los morenistas y sus aliados, para estos últimos fue sólo parte de una estrategia para tratar de ocultar las irregularidades en la elección con la complicidad de las autoridades electorales locales.Ante esas posturas encontradas sobre el trámite y autorización inicial del reconteo de votos por parte del Tribunal Electoral de Jalisco, sorprendió que ambas partes hubieran celebrado que la sala regional del TEPJF haya echado para atrás la decisión de recontar al menos 865 casillas. Por un lado, la presidenta electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, afirma que el fallo del Tribunal Federal significa que no había motivo para recontar las casillas porque no hay irregularidad alguna, lo que descalifica los reclamos de los opositores. Por el otro, Chema Martínez, quien fue quien impugnó el reconteo por considerar que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) “no podía ser juez y parte” por ser una autoridad señalada de ser cómplice del presunto fraude electoral.El toma y daca, pues, en los tribunales electorales está a todo vapor y cada una de las partes tratando de influir en los juzgadores para que crean sus narrativas. Ojalá el cabildeo no pueda más que las pruebas que presenten de uno y de otro bando. Veremos. jbarrera4r@gmail.com
