Cada año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) edita un libro insignia en el que aborda lo que sus expertos consideran los mayores riesgos y amenazas para los países de la región.El tema del libro de 400 páginas de este 2018, presentado el lunes pasado, aborda las ineficiencias en los presupuestos gubernamentales en América Latina y el Caribe, que calculan en 220 mil millones de dólares que, apuntan, bastarían para acabar con la pobreza extrema.Tras un análisis de los presupuestos de los distintos países, concluyen que en tiempos de estrechez presupuestal se debe hacer más con menos, y advierte que de no asignar bien el gasto público, se estaría hipotecando el futuro de los latinoamericanos.La recomendación para los gobiernos es hacer más eficiente el gasto mejorando los procesos de compras públicas; las políticas salariales (que consumen en promedio el 29 por ciento de los presupuestos en América Latina por arriba del 24 por ciento que gastan los países de la OCDE); así como revisar los beneficios de la entrega de apoyos monetarios a los ciudadanos. El BID insiste además en que se debe detener la tendencia de aumentar el gasto corriente en detrimento de la inversión pública en infraestructura y en educación, que es lo que detona mayor inversión privada y crecimiento económico.Por ello vendría muy bien que el próximo Gobierno federal, pero también el estatal y las autoridades municipales que inician sus administraciones el próximo lunes, le echen un ojo a esta publicación.Más aún si partimos de que el gasto corriente en las nóminas municipales en Jalisco han engordado sin justificación alguna en lo que va de la década hasta ubicarse entre las 10 entidades que más gastan en burócratas municipales, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales que hizo el Inegi, desde su primera edición en el 2010. De ese año al 2016, el número de empleados en los ayuntamientos jaliscienses creció de 62 mil 739 empleados a 78 mil 903, con lo que la tasa de personal empleado en administraciones municipales quedó en 984 burócratas por cada 100 mil habitantes, por arriba de la media nacional que es de 828. Y por arriba de Nuevo León que tiene 607, Veracruz 556 y Puebla 541.Por ello, y a la luz de las recomendaciones del libro del año del BID, el reto municipal para las administraciones que están por iniciar es bajar el gasto corriente y aumentar su inversión pública. Por ahí pasa la posibilidad de responder de mejor forma a las dos más grandes exigencias sociales que son garantizar la seguridad pública y combatir la corrupción. Porque como sintetizó muy bien Luis Alberto Anaya, presidente del BID, el lunes pasado, “los latinoamericanos podrían tener acceso a más y mejor educación, servicios de salud, seguridad e infraestructura si sus gobiernos utilizaran los recursos existentes como lo hacen los mejores países del mundo. Esto significa reducir la criminalidad, obtener mejores resultados PISA, aumentar la esperanza de vida, y proporcionar más servicios de infraestructura”.Ese es el gran reto de los nuevos alcaldes y alcaldesas de Jalisco. (diego.petersen@informador.com.mx)
